Caso Dominga: Séptimo Juzgado de Garantía fija audiencia de sobreseimiento definitivo

“Practicadas las diligencias necesarias para la averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores, procedo a declarar cerrada la investigación con esta fecha, 5 de enero de 2024″. Así la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, informó el cierre de la investigación sobre el Caso Dominga.

Y este miércoles, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 12 de marzo, a las 12.00 horas, la audiencia de cierre de investigación y sobreseimiento, la que se realizará en forma presencial en el Centro de Justicia de la capital.

La investigación del caso Dominga buscaba esclarecer la existencia de posibles delitos tributarios, de cohecho y soborno relacionados con la compraventa de la minera e indagaba un posible conflicto de interés en el negocio por parte del expresidente Sebastián Piñera durante el traspaso de derechos de la familia Piñera Morel a la familia de Carlos Alberto Délano durante el primer mandato del exjefe de Estado.

La investigación fue abierta en octubre de 2021 de oficio por parte del entonces fiscal nacional, Jorge Abbott, tras la divulgación de la investigación sobre los Pandora Papers, que reveló detalles de la compraventa de la minera por parte de la familia Piñera Morel. Ello derivó incluso en una acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera, la que fue rechazada por el Senado.

Entre los fundamentos que se dieron para la apertura de la causa estuvo que en 2017, cuando el exfiscal regional Oriente Manuel Guerra investigó al Mandatario en el llamado caso Exalmar no tuvo a la vista el contrato. Si bien hubo una arista que implicó al proyecto minero, esa sólo tuvo que ver con la decisión del Jefe de Estado de bajar Barrancones y un supuesto uso de información privilegiada, lo que fue sobreseído.

Sin embargo, en la oportunidad las diligencias se centraron en la “tercera cláusula” del documento firmado en el paraíso fiscal y que no estaba en el expediente que fue tramitado hace siete años en el Ministerio Público. Ésta establecía que el último pago -de la venta de la familia Piñera a Délano- estaba condicionado a que el sector en que se emplazaría la mina no se declarara zona de exclusión.