Era mediados de abril de 2024 cuando Franco Antonio Vargas Vargas comenzaba a prepararse para cumplir lo que era su anhelo de infancia. El joven de 19 años se trasladaba por esas fechas desde el domicilio donde vivía junto a su madre, ubicado en Cerrillos, en la Región Metropolitana, a Arica, para enrolarse en el Ejército y cumplir de manera voluntaria con su Servicio Militar en el Regimiento Motorizado N°24 Huamachuco, de Putre.

Allí se unió a otros 250 conscriptos el 13 de ese mes, para posteriormente, el 21, llegar a Pacollo, donde comenzó a experimentar lo que para su familia es catalogado como un “calvario”.

Fue por esos días en que sostuvo la última comunicación con su madre, Romy Vargas, en la cual le señaló que estaba “haciendo amigos” y que “se encontraba bien”. En ese diálogo, la madre se enteró de que harían una marcha desde Pacollo a Putre. La caminata terminó de la peor forma.

El joven conscripto sufrió tres desmayos en el recorrido y del último no se volvió a levantar. Falleció por causas que no fueron claras en ese instante.

Se iniciaba así el caso que provocó un terremoto al interior de la institución castrense y que terminó con dos altos mandos dados de baja y con el Ministerio Público investigando las responsabilidades penales en los funcionarios por la muerte de Vargas y por las lesiones de otros 45 conscriptos.

Luego de que la Corte Suprema determinara que el caso debía seguir viéndose por la justicia civil y no militar, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, ha señalado que no quiere apurar las posibles imputaciones.

Para tomar esa decisión fue clave el resultado de la segunda autopsia ordenada por Carrera, ahora bajo los protocolos de Minnesota. El informe, que al fiscal le llegó en marzo, arrojó que la causa de muerte fue miocarditis con otras causas, como estrés, la altura y un resfrío.

Con ello, a comienzos de abril el persecutor y su equipo jurídico comenzaron a trabajar en las formalizaciones que presentaría en los próximos días.

Al menos cuatro funcionarios del Ejército serán imputados por el persecutor. Se trata de un comandante del batallón, un capitán, un sargento y un enfermero.

Ese texto fue enviado la semana pasada a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional por si estiman añadir algún punto en las imputaciones. Carrera está esperando que ese departamento devuelva el documento con sus sugerencias, además de una diligencia solicitada por uno de los querellantes en el caso.

Entre los delitos que el persecutor estudia imputar está el de apremios ilegítimos con resultado de muerte, en el caso de Franco Vargas, y con resultado de lesiones en el caso de los otros conscriptos. Para argumentar esa posición, dicen fuentes a La Tercera, el Ministerio Público cuenta con una serie de relatos que darían cuenta de que Vargas fue sometido a varias situaciones vejatorias en medio de los ejercicios que terminaban con reproches de sus propios compañeros.

El abogado de la familia de Vargas, Sebastián Andrade, señala que aún están pendientes varias declaraciones, como la de algunos testigos bajo el protocolo de Estambul.

“Lo que a nosotros nos interesa, y lo que va de la mano con nuestra teoría, es que las personas sean formalizadas por apremios ilegítimos, no por cuasidelito. Y entendemos que todas las diligencias han ido orientadas hacia esa conclusión”, dice Andrade.

El abogado, quien se ha mantenido en contacto con la Fiscalía respecto de las diligencias, dice que la solicitud de audiencia de formalización debería ser ingresada en “no más de 10 días”. Luego, se fijaría la fecha de la misma.

“La investigación está avanzando como corresponde. El tiempo que se ha tomado la Fiscalía es necesario para verificar todos los delitos que se cometieron. Estoy confiada en el trabajo del fiscal”, señaló la madre de la víctima, Romy Vargas.

El delito de apremio ilegítimo con resultado de muerte tiene una pena que va de los 15 a los 20 años de presidio.

Hasta ahora, el único imputado en el caso es el capitán de Ejército Michael Fritz, quien se mantiene bajo esa calidad desde que la investigación estaba en manos de la ministra en visita Jenny Book. Fue así como Fritz se acercó a la Defensoría Penal Pública de Arica para comenzar a trabajar en su defensa ante la eventual imputación del fiscal Carrera.

El defensor penal público regional de Arica, Sergio Zenteno, comenta que se ha encontrado trabajando con esa defensa hace casi un año. Ante una eventual imputación, Zenteno comenta que Fritz, quien estaba a cargo de una de las compañías que el 27 de abril participaron de la marcha, “cumplió con los protocolos” de la instrucción. De hecho, el abogado afirma que cuatro soldados manifestaron que no estaban en condiciones de marchar y fueron excusados de la caminata.

“Es un tema del Ministerio Público que va a tener que investigar las razones por las cuales, lamentablemente, el conscripto Vargas no dio la alerta de no marchar. Fritz preguntó a su compañía si estaban todos en condiciones de marchar”, afirma el abogado.

Fritz, dicen desde el Ejército, fue llamado a retiro temporal desde el 12 de noviembre de 2024. Esto significa que está separado de la institución y no percibe sueldo.

En tanto, hoy a las 10.00 se realizará una ceremonia religiosa en conmemoración a Franco Vargas en el Ministerio de Defensa.

Allí se esperaque participen la ministra Adriana Delpiano, la madre del joven y también representantes del Ejército.