Luego de que el 11 de diciembre de 2018 el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentara una querella por presunto fraude al Fisco al interior del Ejército, el 3 de septiembre pasado la Fiscalía Centro Norte decidió formalizar la investigación.
Según la indagatoria, las irregularidades fueron cometidas por el suboficial (R) Ricardo Maino de la sección Adquisiciones, quien en febrero de 2011 habría defraudado a la entidad castrense en cerca de $ 27 millones, a través del uso de ocho facturas ideológicamente falsas que solicitó al proveedor del Ejército Francisco Huincahue. Luego, Maino hizo pasar estos documentos como ventas o servicios prestados al Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF).
Según el CDE, "luego, otras personas, funcionarios del Ejército, procedían a forjar la documentación de respaldo, las actas de recepción, las órdenes de pedido al comercio, los cuadros comparativos de precios y las actas de adjudicación, falseando las firmas de las jefaturas que supuestamente debían dar fe de la efectividad de la ejecución, generándose una apariencia de realidad y verdad respecto de las facturas".
Así, la jefa de Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, pidió una audiencia para formalizar al funcionario y al dueño de la empresa en cuestión por presunto fraude al Fisco, la que quedó fijada para el 28 de octubre próximo.
A través de estas maniobras, dice el CDE, Huincahue recibió por parte de la institución castrense poco más de $ 27 millones. De este monto, entregó $ 21,5 millones a Maino, quien, a su vez, entregó una parte al suboficial que confeccionó la documentación y otra al cabo que tramitó el pago de facturas. Al respecto, en el Ejército se señaló que "los hechos y antecedentes consultados son parte de una investigación judicial en curso, por tanto la institución se encuentra impedida de pronunciarse".
Este caso se enmarca en la arista principal del fraude en el Ejército, en que tanto la fiscalía como la ministra en visita Romy Rutherford (de justicia militar) indagan pagos irregulares de facturas falsas que habrían sido giradas con cargo al CAF. Los fondos provenían de la Ley Reservada del Cobre y, según la investigación judicial, lo defraudado ya supera los $ 5 mil millones.
De hecho, el 31 de mayo pasado Chong le envió un requerimiento a Rutherford. "Solicito a usted informar lo siguiente: Si forma parte de la investigación a su cargo, referida a gastos indebidos ejecutados con dineros provenientes de la Ley Reservada del Cobre por parte del Ejército, los antecedentes recopilados por la Contraloría, contenidos en el informe final N° 902 de 2015".
La respuesta de Rutherford fue negativa. "Advirtiendo el tribunal que con los antecedentes proporcionados por la señora Chong no es posible contestar su solicitud, ofíciesele haciéndose presente, además de ello, que la presente causa se tramita bajo la reserva del sumario", dice el oficio de Rutheford del 5 de junio pasado.
