A principios marzo de 2017, el entonces general director de Carabineros, Bruno Villalobos, reconoció que al interior de su institución se detectó un masivo desvío de fondos públicos. Un desfalco que, a más dos años desde que se iniciara la investigación, se convirtió en el más grande registrado en la historia judicial chilena. En total, se defraudaron más de $ 28 mil millones desde la Dirección de Finanzas de Carabineros entre 2006 y 2017.
El caso comenzó en octubre de 2016 con un oficio secreto enviado por el fiscal nacional, Jorge Abbott, al persecutor regional de Magallanes, Eugenio Campos. En este se detallaba que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detectó indicios que podrían constituir delitos de lavado de activos.
Hasta este martes, la causa acumula 182 tomos de carpeta investigativa (cada uno con cerca de 500 páginas).
El lunes pasado, el Ministerio Público informó a través de un correo electrónico a los abogados de los imputados que las pesquisas habían llegado a su fin. "Comunico a Ud. que hoy, lunes 18 de marzo de 2019, siendo las 17.41 h, he declarado el cierre de la investigación Ruc 1601014175-7", indicaba la comunicación.
La fiscalía envió este mismo correo, además, a los defensores de las otras dos causas asociadas al caso del fraude en Carabineros.
Esto, debido a que en septiembre pasado la fiscalía separó esta investigación en tres "cuadernos": la causa "madre", en que se malversaba desde cuentas institucionales a personales (aquí está formalizada la "cúpula" de los carabineros que ideó el fraude); los "cuentacorrentistas", quienes facilitaban sus cuentas para que los cabecillas "blanquearan" su dinero, y la malversación a través de los fondos de desahucios (beneficio en dinero a personas que nunca trabajaron en la institución).
Según antecedentes de la investigación, en total se identificaron ocho métodos para defraudar la institución. El mecanismo principal se trató de la creación de cuentas corrientes fantasmas, en donde depositaban los fondos malversados.
Acusación
Desde que se informó el cierre de la investigación, la fiscalía tiene como máximo 10 días para presentar acusación en cada uno de estos cuadernos, los que acumulan a 136 formalizados, de un total de más de 180 imputados.
De ellos, 35 pertenecen a la causa "madre" y, según fuentes del caso, serán a quienes la fiscalía buscará llevar a juicio oral. Se trata de quienes tuvieron mayor participación en los ilícitos y se les imputa asociación ilícita, malversación de caudales públicos, lavado de activos y, en algunos casos, también falsificación de instrumento público. Entre ellos, el exdirector de Finanzas, general (R) Flavio Echeverría, y otros exoficiales.
De acuerdo a fuentes de la investigación, la fiscalía está preparando hace al menos cinco meses la acusación y hasta este martes cuenta con cerca de 3.000 páginas. Actualmente está en proceso de identificación de las penas que se solicitarán.
Según las mismas fuentes, todos los delitos imputados a la "cúpula" incluyen penas de crimen, es decir, sobre los cinco años y un día. Todos ellos, además, tienen imputaciones por tres o cuatro delitos. Por esto, dicen, arriesgan penas de al menos 10 años.
El resto de los imputados, casi 100, podrían optar a salidas alternativas. Esto va depender de los acuerdos a los que estarían dispuesto a llegar sus defensas con el Ministerio Público.
Bárbara Salinas, quien defiende a los comandantes (R) Claudio Venegas, Patricio Morales y Ramiro Martínez, dijo que "es imposible llegar a un juicio oral con más de 100 personas, no hay nadie que lo pueda resistir. Por eso, tiene lógica que aquellas personas que tienen un grado de participación inferior no reciban el mismo tratamiento de aquellos que están en la cúpula".
Tras la acusación se fijará una audiencia de preparación de juicio oral, donde se presentarán las pruebas de la fiscalía, para finalmente llegar a juicio oral. Este, pronostican, podría transformarse en uno de los más extensos desde que se inició la Reforma Procesal Penal. El exfiscal nacional Sabas Chahuán calcula que según como se desarrolle la preparación del juicio y la cantidad de acusados, el juicio oral podría durar al menos seis meses.
Defensoría pública
En las últimas semanas, al menos ocho de los excarabineros de la asociación ilícita, quienes están en prisión preventiva desde hace dos años -entre ellos Flavio Echeverría- dejaron de tener un abogado particular y pasaron a ser representados por la Defensoría Penal Pública. ¿La razón? Con los bienes raíces y dineros que les congeló la fiscalía, no cuentan con los recursos para pagar un abogado particular.
"Estamos preparando un equipo de abogados para enfrentar el juicio oral en esta causa. Por ahora, estamos analizando posibles salidas alternativas o procedimientos abreviados razonables que pueda proponer el Ministerio Público", dijo el defensor regional Carlos Mora.
Eso sí, este hito en la causa no significa que la investigación finalizará. El fiscal Campos evalúa abrir una nueva arista, centrada en los familiares de los imputados. Algunos de estos habrían ayudado a intentar esconder el dinero defraudado.
En esta línea, las últimas diligencias que la fiscalía ha encargado al OS-7 de Carabineros han consistido en realizar levantamientos patrimoniales de la cúpula de los exuniformados imputados en el fraude. Además, este estudio se ha extendido a su red familiar.
