El martes 26 de noviembre marcó un hito importante para la protección animal en Chile. Una serie de actores, entre ellos la intervención del Ministerio Público, sostuvieron una reunión con la diputada Carolina Marzán (PPD), organizaciones animalistas y parlamentarios, para avanzar en la creación de un protocolo unificado de recepción de denuncias por maltrato animal.

Entre las propuestas destacan capacitar funcionarios, incluir veterinarios y etólogos en diligencias iniciales, y coordinar con municipalidades para mejorar la recepción de denuncias y promover el respeto animal.

“Por fin dimos inicio a la primera de varias reuniones que vamos a tener con la Fiscalía Nacional (...) fueron 41 organizaciones presenciales y de manera telemática las que participaron aportando antecedentes relevantes para poder lograr, de la mano de Fiscalía Nacional, un protocolo unificado de recepción de denuncias de maltrato animal y que este se puede extender a Carabineros y PDI”, explicó ese día Marzán.

Pero este protocolo es parte de un plan aún más grande: el 26 de septiembre de 2023 la propia diputada había ingresado un proyecto de ley que tiene como principal objetivo crear un Registro Nacional de Condenados, listado que inhabilitará permanentemente a los condenados por maltrato animal para adoptar, adquirir o trabajar con animales.

La iniciativa, conocida como Ley Cholita en honor a una perrita que falleció después de ser brutalmente golpeada en Valparaíso, también propone aumentar las penas en casos de maltrato hacia hembras preñadas o recién paridas, duplicando las multas y endureciendo las sanciones.

Además, establece la incautación obligatoria de animales en riesgo inminente y reconoce a los animales como ”seres sintientes”, alineándose con estándares internacionales para reforzar su protección legal y erradicar el maltrato.

Una de las preocupaciones es el tiempo que puede tardar la tramitación de esta ley, pues ingresó a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, instancia que tiene decenas de proyectos por revisar. Por esta razón se buscó apoyo del gobierno.

En ese contexto, Marzán afirma que “le insistí bastante al Ejecutivo y ya le puso urgencia al proyecto. Si bien es urgencia simple, estas se pueden ir renovando. Lo más importante es que conocemos las indicaciones que ingresarán durante lo que queda del año legislativo. También se harán parte del proyecto”.

En tal sentido, desde la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) explican que esta decisión es parte de la activación de una agenda legislativa animalista que se está llevando a cabo. De hecho, en abril manifestaron que priorizarían proyectos para tipificar y sancionar delitos como la zoofilia, el hurto de mascotas y las peleas de animales, con penas agravadas en casos de muerte.

La mirada de las organizaciones

Además del Ejecutivo, la diputada Marzán cuenta que la idea de crear el registro “tuvo muy buena recepción por parte de las organizaciones en general, a las que presentamos la iniciativa el 11 de agosto en una mesa de trabajo con la Subdirección en Santiago, donde asistieron más de 20 agrupaciones. Esto se debe a que la posibilidad de contar con un registro de personas condenadas podría actuar como un disuasivo importante para comenzar a erradicar el maltrato hacia los seres sintientes”.

En ese sentido, Claudia Ruiz, directora de la Fundación Vínculo Humano-Animal, contextualiza que “como agrupación hemos presentado querellas y hemos logrado algunas condenas, pero siempre queda un vacío. Por eso el registro es importante. Además, sería un elemento disuasivo”.

Macarena Cortés, miembro de Proanimal Calle Larga, también destaca que desde que ocurrió lo de Cholita empezaron “a ser escuchados por las autoridades y hemos avanzado mucho. La semana pasada nos reunimos con Fiscalía y presentamos nuestras inquietudes, lo que fue histórico”.

Balance nacional

Tal como advierten las organizaciones, las denuncias que terminan en una sanción judicial son mínimas. Hasta junio de este año se registraron 33 sentencias condenatorias por abandono o maltrato animal, según el Ministerio Público, de un total de 3.032 denuncias de este tipo. Es decir, solo el 1,08% de estos casos terminó con condena.

El resto se divide entre sentencias absolutorias (6 casos), sobreseimiento definitivo (65 casos), sobreseimiento temporal (9 casos), suspensión condicional del procedimiento (79 casos), facultad para no investigar (365 casos) y archivo provisional (2.135 casos), quedando pausados hasta que se sumen nuevos antecedentes.

En 2023, las condenas por este tipo de casos cerraron en 70 de un total de 5.885 denuncias, mientras que en 2022 fueron 50 condenas de 4.645 denuncias a nivel nacional.