"La presente investigación dice relación con una serie de conductas constitutivas de delitos de tortura, apremios ilegítimos, detenciones ilegales y robo con violencia, en las que tuvieron participación funcionarios de Carabineros de la 21a. Comisaría de Estación Central, específicamente del servicio de foco 'Eco 21', a cargo del suboficial mayor Francisco Arzola, conocido como 'el nazi'". Este es parte del escrito que la fiscal de Alta Complejidad Centro-Norte, Tania Sironvalle, envió al Sexto Juzgado de Garantía de Santiago.
En el documento se entregaban antecedentes para que el juez autorizara el "descerrajamiento e incautación" de los casilleros de Arzola y otros 13 funcionarios de la 21a. Comisaría que están investigados.
Su requerimiento, que fue autorizado parcialmente por el tribunal en junio de 2017, se realizó luego de que en mayo de ese año la fiscalía formalizara al suboficial Arzola, quien es el jefe del grupo Eco 21 -a cargo de controlar el comercio ambulante en el sector-, por presuntas torturas, apremios ilegítimos y detenciones ilegales en contra de cuatro personas, que son vendedores ambulantes y extranjeros ilegales.
Entre los testimonios de las víctimas contenidos en la carpeta investigativa está el de un comerciante ambulante de iniciales W.U.R.N., quien declaró que "arriba del bus me tiran a un asiento mientras Arzola me dijo: te arrancaste de mí (...) y de mí nadie se arranca', me golpea con el palo de servicio en la guata, después (...) me da otro golpe con el palo en el tórax (...) y me dijo yo soy el nazi para que te acordí (sic) de mí toda tu vida y sacó la pistola".
Por estos hechos y otros más, Arzola estuvo en prisión preventiva por cerca de seis meses, medida cautelar que su defensa revirtió en la Corte de Apelaciones de Santiago. Además, en diciembre pasado el Consejo de Defensa del Estado se querelló en su contra y contra otros carabineros por los mismos eventuales ilícitos.
Según explicó la fiscal Sironvalle a La Tercera, "existen otras aristas investigativas que involucran a otros funcionarios (de la misma comisaría) y respecto de los cuales van a haber formalizaciones".
Detalló que el grupo Eco 21 está formado por "entre 12 a 15 funcionarios que trabajan en un piquete" y que "en razón de su labor se producen la mayor cantidad de denuncias. También existe otro grupo de denuncias respecto a personas en la garita, en el terminal de buses de Estación Central".
Sironvalle indicó que las víctimas, quienes serían cerca de 25, "son agredidas o trasladadas muchas veces con detenciones ilegales a la comisaría, donde también son agredidas. Están realizando una actividad al margen de la legalidad, como es el comercio ambulante o inmigrantes en situación ilegal, y que aseguran cierta impunidad respecto de conductas que van más allá de los deberes policiales".
Desde la Fiscalía Nacional, el jefe de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Luis Torres, dijo que "los casos de tortura y malos tratos son de la mayor importancia". Por esta razón se dictó un oficio en 2017 "para promover las investigaciones en estos casos bajo el marco de la nueva legislación sobre tortura (Ley 20.968), norma en cuya tramitación el Ministerio Público participó activamente".
Torres indicó que en marzo suscribieron un convenio interinstitucional para la prevención de estos casos, junto a otras instituciones del Estado. "Por estos delitos, ocurridos con anterioridad a la nueva ley, se contemplan penas que van desde 541 días de cárcel, y en el contexto de la nueva ley entre 3 años y 10 años".
Versión de Carabineros
Carabineros fue consultado por La Tercera sobre este caso. Desde el Departamento de Comunicaciones se señaló que "personal de unidades especializadas de Carabineros, en conjunto con la fiscalía, están desarrollando un trabajo investigativo coordinado, respecto de la presunta participación de personal institucional de dotación de la 21a. Comisaría Estación Central, en determinados hechos que revisten caracteres de delito".
Se explicó que instruyeron "un proceso indagatorio interno, con el objetivo de determinar cómo ocurrieron los hechos denunciados y, además, establecer eventuales responsabilidades administrativas".
Sobre el suboficial Francisco Arzola, se indicó que "hasta el momento, un funcionario ya fue formalizado y debido a ello fue trasladado hacia otra destinación mientras dure la investigación". Se añadió que "la mayoría de los carabineros que prestan servicios en esa compleja unidad día a día hacen su máximo esfuerzo por cuidar a los vecinos".
Se informó, además, que la institución "no acepta ni aceptará situaciones que estén al margen de la ley, por lo que continuará colaborando y participando en la investigación que realiza la fiscalía".
