La fiscalía de Curicó está indagando una presunta negligencia médica tras la muerte de una estudiante de 22 años producto de un aborto séptico en el hospital local.

Según los antecedentes de la causa, Estefanía Cabello (22), llegó el pasado 1 de abril al recinto. "Ella tenía 18 semanas de embarazo y estaba en alto riesgo obstétrico por una desnutrición calórico-proteica. Se identifica una pérdida prematura de membrana y mantuvimos una conducta expectante, es decir, hospitalización, reposo y antibióticos, para prevenir una infección ovular", dijo el director del Hospital de Curicó, Jorge Canteros, quien agregó que la joven tuvo "una evolución adecuada" hasta que, 10 días después, empeoró. "Empezó súbitamente con fiebre alta. Habíamos conversado con la paciente y su familia de que esa condición era una señal de alto riesgo y, por tanto, estábamos obligados a interrumpir el embarazo. Se procede de esa forma, aun cuando el feto siempre tuvo actividad vital", dijo el médico, quien informó que, pese a los cuidados, falleció esa tarde.

La familia denunció lo ocurrido a la fiscalía, entidad que ordenó una autopsia, incautación de la ficha médica y la toma de declaraciones al director del hospital y al equipo médico involucrado. En tanto, el abogado Rodrigo Mellado anunció una querella por presunta negligencia médica, basada en no haberse respetado las causales que establece la ley que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales: "Estamos hablando de la primera causal, que es salvar la vida de la madre, pues según los antecedentes que tenemos, el equipo médico no actuó de acuerdo al protocolo en tiempo y forma para realizar el aborto respectivo, antes de que se produjera la septicemia. Si bien se realizó el aborto, éste fue tardío. Estaba en riesgo la vida de la madre y había que darle prioridad.

Canteros, en tanto, dijo que el quehacer de los médicos se ajustó al protocolo y que se iniciaron tres auditorías.

Este jueves, en tanto, parlamentarios de oposición presentarán un proyecto de ley para que se implemente un sistema de contratación preferente de personal médico no objetor de conciencia en los hospitales, para garantizar el cumplimiento de la ley.