La Fiscalía Regional del Biobío está investigando una supuesta filtración de información desde la Policía de Investigaciones (PDI) a Camila Polizzi, quien permanece con arresto domiciliario tras ser formalizada en la arista lencería del Caso Convenios.
El Ministerio Público imputó el 29 de noviembre a Polizzi y a los hermanos Sebastián y Diego Polanco por los delitos de estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos. Y a Rodrigo Martínez, exadministrador del Gobierno Regional (Gore) de Biobío, y Simón Acuña, exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano, por los mismos delitos, además de fraude al fisco.
A través de un comunicado, la PDI señaló que “en el marco de la indagatoria a cargo de detectives de la Brigada de Delitos Económicos Concepción, detectaron una conversación de la imputada en la que manifiesta haber recibido información de la causa”.
La institución añade que en virtud de la gravedad de los antecedentes, la Bridec de Concepción informó de los hechos al Ministerio Público el 28 de febrero pasado.
Además, la PDI sostiene que independiente de la causa judicial que abrió la Fiscalía, “se instruyó un acto administrativo destinado a establecer eventuales responsabilidades”, pues “no ampara conductas que se contrapongan a la ley al Estado de derecho vigente”.
Desde el Ministerio Público, en tanto, señalaron que “se encuentra en desarrollo una investigación para determinar eventuales delitos y sus responsabilidades en la revelación indebida de información a una imputada en la denominada causa de la Fundación En Ti”.
Añade que “la indagatoria se inició a partir de la denuncia recibida por la fiscal María José Aguayo, quien encabeza las investigaciones por los llamados casos convenios, de parte de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Concepción, que realiza las diligencias y análisis de las evidencias reunidas. En el desarrollo de sus pesquisas detectaron antecedentes que darían cuenta de una entrega ilegal de antecedentes hacia la imputada, de una fuente que sería de la PDI”.
La investigación para esclarecer los hechos quedó en manos de la fiscal jefa de Concepción, Mariana Iturrieta.
