Fiscalía indaga presuntos sobornos por $ 662 millones a tres funcionarios del Minvu

Tres Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) fue la primera alerta que tuvo la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de que algo irregular estaba ocurriendo en el Ministerio de Vivienda (Minvu). Un analista programador de la sección Plataforma Tecnológica de Subsidio del ministerio había recibido $ 130 millones de parte de la empresa Sociedad Ingeniería y Servicios SpA. La información fue enviada por la UAF en el oficio secreto N°1384 a la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, el 25 de octubre del año pasado.

Ese día se inició una investigación reservada, que ayer tuvo sus primeras 20 detenciones, tanto de funcionarios públicos como de particulares. Supuestamente, ellos participaban desde 2014 hasta este año en una red de corrupción en el Minvu, por lo cual hoy serán formalizados ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por eventual fraude al fisco, cohecho y lavado de activos.

Según fuentes del caso, la forma de defraudar fue a través de la adjudicación de sociedades de forma ilegal. En la operación, cada uno se llevaba una ganancia: la empresa que prestaba su nombre para ganarse la licitación, la que realmente hacia el trabajo sin ganarse el concurso público porque no cumplía con los requisitos para postularse y los funcionarios del Minvu que operaban para que estas empresas que prestaban su nombre obtuvieran la adjudicación pública.

De acuerdo a las mismas fuentes, las sociedades proveedoras del Estado que habrían defraudado al fisco son Altiuz, Emergya, G Plus y Consux, debido a que se habrían adjudicado de forma irregular proyectos de desarrollo informático.

La investigación de la fiscalía y la Brigada de Lavado de Activos (Brilac), de la PDI, determinó que la modalidad habría sido la siguiente: Altiuz, Emergya y G Plus son las empresas que ganaron las licitaciones, y estas compañías luego subcontrataban ilegalmente a las sociedades Ingeniería y Servicios SpA y Fase Ingeniería de Proyectos SpA, quienes finalmente realizaban los trabajos informáticos.

A través de este mecanismo las sociedades que eran formalmente proveedoras del Estado (Altiuz, Emergya y G Plus), pero que en realidad eran "empresas pantalla" que no prestaban servicios al Minvu, ganaban un porcentaje del monto total de los proyectos que se adjudicaban por el solo hecho de prestar su nombre en el Convenio Marco. El resto del dinero se lo entregaban a Ingeniería y Servicios SpA y Fase Ingeniería de Proyectos SpA.

Al mismo tiempo, según la investigación, estas dos últimas empresas les pagaban presuntos sobornos a cinco funcionarios de la sección Plataforma Tecnológica de Subsidio del Minvu para que la licitación se adjudicara a las sociedades que a ellos les interesaba.

De acuerdo a las mismas fuentes, el representante legal de Ingeniería y Servicios SpA le habría pagado a un funcionario de iniciales M. R. R., $ 300 millones; a C. L. P., $ 60 millones; y a M. C. G., $ 170 millones. Y la representante legal de Fase Ingeniería de Proyectos SpA habría sobornado al mismo M. R .R. con $ 80 millones y a M. C. G. con $ 7 millones. A estas presuntas coimas se suman otras que habrían sido realizadas por el dueño de Consux (otra empresa que se adjudicó licitaciones del Minvu), quien teóricamente pagó al funcionario M. R. R. $ 20 millones y a M. C. G. $ 25 millones.

En total, las presuntas coimas ascienden a $ 662 millones. Además, la fiscalía indaga a otros dos funcionarios que también habrían estado concertados con los representantes de estas empresas.

El ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, dijo que "hay personas que sin justificarlo tenían activos por $800 millones, cuando la remuneración mensual no permitía justificar ese ingreso".

Antecedentes del caso dan cuenta de que Ingeniería y Servicios SpA habría recibido más de $ 500 millones de parte de G Plus y Energya entre 2017 y 2018. Estas últimas dos empresas registran operaciones por más de $ 1.800 millones entre 2014 y 2018. Altiuz, en tanto, habría obtenido $ 800 millones del Minvu, de los cuales $700 millones fueron transferidos a Fase Ingeniería de Proyectos SpA, según antecedentes policiales.

Las diligencias de la Fiscalía Centro Norte están además dirigidas a la incautación de documentación en otros servicios públicos que licitaron con las empresas indagadas. Ese es el caso de dependencias de la Presidencia, la Secretaría General de Gobierno, la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Ministerio de Educación.

El fiscal Francisco Ledezma dijo que "hoy (ayer) hemos hecho diligencias de investigación en el Ministerio de Vivienda con el propósito de efectuar una investigación por delitos de corrupción en los cuales se habrían visto involucrados funcionarios públicos".

Añadió que "también se han realizado diligencias en otras reparticiones de Estado a propósito de una arista de esta investigación".