La Fiscalía Regional de Antofagasta informó este martes que inició una investigación respecto a los convenios suscritos entre la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y la Fundación Democracia Viva.
La polémica surgió luego de conocerse la celebración de un convenio entre la fundación representada legalmente por Daniel Andrade -pareja de la diputada y renunciada vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Catalina Pérez (RD)- y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, la que era encabezada hasta ese entonces por un militante de Revolución Democrática (RD).
Desde el ente persecutor informaron mediante un comunicado de prensa que “la Fiscalía Regional de Antofagasta abrió, de oficio, investigación respecto a los Convenios de Transferencia de Recursos suscritos por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta con Fundación Democracia Viva, para la ejecución de proyectos en campamentos de la ciudad, con cargo a recursos de su Programa de Asentamientos Precarios”.
La investigación quedará a cargo del fiscal jefe Cristián Aguilar, quien, de acuerdo a lo anunciado, “buscará establecer si los hechos de los cuales la comunidad ha tomado conocimiento a través de distintos medios de comunicación son o no constitutivos de delito”.
Por ello, desde el Ministerio Público se encargaron las primeras diligencias a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) de la región. También se requerirán antecedentes al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Contraloría regional y a la Seremia de Vivienda para esclarecer la investigación.
