En los casi 10 meses que lleva vigente la Ley que Despenaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales (Ley IVE), al 12 de julio pasado, las fiscalías a lo largo del país registraban 41 denuncias por la tercera causal de violación, de las cuales 24 corresponden a mayores de edad y 17 a menores, según información entregada a La Tercera por la Fiscalía Nacional.
La normativa, promulgada el pasado 23 de septiembre de 2017, dejó estipulado que en el caso de la tercera causal de violación, y cuando se tratase de una mujer menor de 18 años, el centro de salud está obligado a denunciar a la justicia y notificar al Servicio Nacional de Menores la ocurrencia del delito.
Mientras, en el caso de las mayores de 18 años, y siempre que estas no hayan realizado la denuncia previa, la ley exige que "los jefes de establecimientos hospitalarios o clínicas particulares deberán poner en conocimiento del Ministerio Público este delito, con la finalidad de que investigue de oficio".
Así lo confirma el director de la Unidad Especializada en DD.HH., Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, Luis Torres, quien explicó que la instrucción que se les dio a los fiscales que recibieron las denuncias fue abrir por oficio una investigación en todos los casos presentados, por lo cual se trata en su mayoría de investigaciones actualmente en curso.
"Esto se instruyó para asegurar la protección de las víctimas, descartar la posibilidad de que se produzcan nuevas víctimas de los autores, y resguardar la evidencia", explicó.
Según las cifras registradas al 18 de junio de este año por el Ministerio de Salud, respecto de interrupción del embarazo por la causal de violación, se han realizado 51 intervenciones, por lo cual a la fecha existen 10 casos en los cuales aún no se inicia una investigación.
Proceso
La norma técnica publicada de manera complementaria por el Ministerio de Salud, respecto de la atención integral que debe recibir una mujer que invoque la ley tanto en hospitales como en clínicas, estableció ciertos requisitos específicos que deben realizar los centros de salud para el caso de la tercera causal.
Entre ellos está constatar la ocurrencia de los hechos, la edad gestacional del embrión, hacer una toma de muestra de sangre para cotejar el ADN, mantener una cadena de custodia de la misma muestra, además de gestionar el consentimiento informado en las tres causales. Todos los requerimientos están pensados para ser usados en las posteriores investigaciones.
Es en ese contexto que el Minsal y la Fiscalía Nacional se han tenido que coordinar, junto a otros organismos, para realizar dichas gestiones, que permiten hacer la interrupción del embarazo en caso de violación sin penalización, y continuar con el proceso legal frente al delito de violación.
"En general, cuando se implementan nuevos procedimientos relacionados con investigaciones al principio existe desconocimiento, pero hemos mantenido una coordinación interinstitucional con el Servicio Médico Legal, el Minsal y los fiscales para poder entregar toda la información necesaria", indicó Torres.
La subsecretaria de Redes Asistenciales del Minsal, Gloria Burgos, aseguró que dicha coordinación incluye además "reuniones periódicas entre equipos de salud y de la fiscalía para ir actualizando información y seguimientos en conjunto".
Torres indicó que si bien se trata de indagatorias que, en promedio, pueden durar un año, aquellas que involucran a menores de edad suelen avanzar con mayor rapidez que aquellas que involucran a mujeres mayores de 18 años, ya que el agresor puede ser una persona conocida de la víctima. Según el Ministerio Público, los casos de agresión sexual contra menores llegan a 17 casos en todo Chile.
"Cuando se trata de menores de edad, muchas veces los imputados forman parte del círculo de confianza de la víctimas o tienen algún grado de parentesco y ahí el proceso es mucho más expedito en términos de que tenemos un antecedente concreto del autor", detalló.
Incluso, sin dar mayores detalles, indicó que por las características de esas investigaciones, "podríamos estar en alguna etapa más judicializada o de acusación, pero no me atrevería a decir en cuántos casos".
Hospitales
La Región Metropolitana, Valparaíso, Biobío y Los Lagos concentran el mayor número de denuncias, en un contexto en el cual, hasta el 18 de junio pasado, se registraban 341 procedimientos solicitados, de los cuales 309 terminaron en aborto.
En la zona central, el Hospital San José, ubicado en la comuna de Independencia, se ha convertido en un referente y fue el primero en realizar una interrupción voluntaria de embarazo en la tercera causal. Sin embargo, la primera denuncia recibida por la justicia no llegó precisamente de un centro de salud. Se trató de una niña menor de edad proveniente de Chiloé, a la que se le negó la atención en primera instancia, lo que llevó a los tribunales a ordenar la interrupción en Santiago.
El jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del San José, Marcos Clavero, explicó que han realizado en total 18 abortos por las tres causales, de los cuales siete fueron por violación. Añadió que dos de esos fueron de menores de edad, el primero fue el caso de Chiloé y el segundo se denunció como ordena la ley.
"Nosotros tomamos el caso, realizamos lo solicitado y se informa al Ministerio Público, ese es el procedimiento. Se realiza una evaluación para constatar el relato de la víctima y, además, en todos los casos extraemos muestras de ADN".
Mientras tanto, el director del Servicio de Salud de Reloncaví, en Los Lagos, lugar donde se han realizado cinco abortos por la tercera causal, agregó que "se ha hecho coordinación con el intersector para abordar los temas logísticos que tienen que ver con la implementación y con la vulneración de los derechos de los niños para poder darles una respuesta coordinada".
En el Servicio de Salud de Ñuble, en la Región del Biobío, en tanto, donde se han registrado tres casos de interrupción voluntaria por la causal de violación, indicaron que la totalidad de dichos casos "ha sido informada a la fiscalía".