Fiscalía investiga posible fraude en adquisición de red criptográfica del Ejército

Un nuevo caso que involucra al Ejército se encuentra en la mira del Ministerio Público. Mientras existen indagatorias abiertas por las agencias de viaje que trabajaban con la entidad, así como por el uso de recursos de la derogada Ley del Cobre, ahora se suma un supuesto fraude en el Comando de Telecomunicaciones, en relación con la adquisición e instalación en el extranjero de equipos criptográficos para el intercambio de mensajes cifrados entre las agencias militares de otros países y la rama castrense chilena.

El caso se abrió en abril pasado en la Fiscalía Centro Norte, a raíz de una auditoría enviada por la Contraloría. En ella se detectaron presuntas irregularidades en el Proyecto de Modernización de la Red Cryptofax, entre 2013 y 2015 (periodo en el cual la institución estuvo liderada por los comandantes en jefe Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo).

La auditoría se llama Informe Final de Investigación Especial N° 60 del Comando de Telecomunicaciones del Ejército, del 8 de abril de 2019. Nació luego de una advertencia por supuestas irregularidades. "El recurrente denuncia que en 2013 la Jefatura de Guerra Electrónica (JGE) adquiere (...) 24 equipos criptográficos con la empresa Crypto AG., cuya representación en Chile está a cargo de CYM S.A., por US$ 900.000", dice el informe.

Detalla que la red tenía 139 equipos y que el propósito era renovar el sistema.

De acuerdo a la Contraloría, "se constató que 214 elementos adquiridos bajo la denominación 'juego de accesorios para la impresión y almacenamiento de información cifrada' (...) fueron recepcionados con una guía de entrega, sin valorización, careciendo de antecedentes que permitan acreditar (...) que estuviesen sustentados en la factura del 25 de abril de 2014". Tampoco, dice el informe, estaban sustentados en su orden de compra, ni en el acta de recepción emitida por el Ejército.

Por esto, señala, el 12 de junio de 2018 la institución castrense envió los antecedentes al Segundo Juzgado Militar de Santiago e instruyó una investigación.

También se detectó un "eventual sobreprecio de USD $ 46.384 en la adquisición de ocho equipos criptográficos". De esto se percataron al comparar facturas de la compra de equipos de la misma marca y modelo por diferentes precios.

Además, "se comprobaron inconsistencias en el procedimiento de adquisición directa de la empresa CYM S.A.". Y se detectaron demoras de hasta tres años entre la recepción de los equipos por parte del Comando de Telecomunicaciones y su posterior instalación en las agregadurías militares de Chile en el extranjero.

A esto se suma "una insuficiente justificación" en las comisiones al extranjero para la renovación e instalación de la red en las agregadurías militares, entre 2014 y 2017. En total, fueron 13 comisiones de servicio, compuestas por dos o tres funcionarios, que implicaron 53 visitas a 21 países, con un gasto en viáticos que ascendió a US$ 126.989.

Según Contraloría, 19 países fueron visitados por las comisiones dos o tres veces, siendo solo la última vez cuando se recepcionó el equipo en la agregaduría.

El 22 de mayo, la fiscal a cargo del caso, Ximena Chong, envió una solicitud de información a la Subsecretaría de Defensa. Pidió que se le informe quiénes estuvieron a cargo del Comando de Telecomunicaciones entre 2013 y 2015 y los oficiales a cargo de la JGE. También, un organigrama del comando en ese periodo y la descripción de sus funciones.

Requirió, además, todos los antecedentes sobre la adquisición de estos equipos y que se informe qué autoridad determinó la necesidad del proyecto. Solicitó las facturas de compra y el detalle de las cuentas a las que se transfieren los fondos fiscales. Asimismo, que le envíen las comisiones de servicio al exterior de personal de la JGE y del comando, desde 2014 a 2017.

Además, la fiscal Chong citó a declarar para hoy al excomandante en jefe del Ejército general (R) Juan Miguel Fuente-Alba. "La materia por la cual está citado en calidad de testigo no está del todo precisada. El señor Fuente-Alba, como ha sido siempre su tónica, está disponible para aportar todo lo que sepa", dijo su abogado, Miguel Chaves.

Desde el Ejército indicaron que "en conocimiento del preinforme, elaborado por la Contraloría en abril de 2018, a raíz de la investigación realizada en el Comando de Telecomunicaciones, la institución dispuso en mayo de 2018 una investigación sumaria (...) En junio de 2018, el Ejército efectuó la denuncia correspondiente ante la justicia militar. Ambas investigaciones se encuentran en curso, por lo cual el Ejército se encuentra impedido de pronunciarse".

Agregaron que "en pos de alcanzar estándares óptimos de probidad y en su constante voluntad de perfeccionar sus sistemas de control, el Ejército ha implementado diferentes herramientas".