El jueves, los magistrados Mauricio Silva y Jessica Bascuñán, del Juzgado de Garantía de Rancagua, admitieron a tramitación dos querellas presentadas, una por Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, y otra por su esposa, Natalia Compagnon, y que apuntan en contra del fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, y los persecutores de Rancagua Sergio Moya y Marcia Allendes.

Dávalos acusa a los abogados del Ministerio Público de violación de secreto del caso en el que está siendo investigado y Compagnon de haber sido amenazada. Todo esto en el marco del caso Caval.

¿Qué significa que estas querellas han sido admitidas a tramitación por el tribunal? Que el Ministerio Público deberá abrir una causa penal, nombrar a un persecutor e indagar los hechos denunciados por el matrimonio.

En el caso de la querella presentada por la nuera de Bachelet, el juez Silva resolvió que "atendido los imputados de la presente causa (...) remítase a la Fiscalía Nacional". En el caso de la querella interpuesta por Dávalos, también se señala "ofíciese al fiscal nacional en los términos solicitados".

Asimismo, el jueves el abogado de Compagnon, Tomás Martínez, requirió a Jorge Abbott que inhabilite a Arias y Moya del caso Caval y si puede asumir él la investigación por supuestas amenazas en contra de su representada, o disponer que un fiscal regional asuma la dirección de la causa.

Al respecto, Martínez dijo que "creemos que Arias y Moya no debieran seguir como fiscales del caso (Caval) en la audiencia de preparación de juicio oral mientras se está realizando una investigación de inhabilidad en su contra, por eso debiera tomarse la decisión antes de la preparación del juicio o suspenderse hasta que se tome una decisión". Esta audiencia está fijada para el próximo 6 de abril.

En tanto, el abogado de Dávalos, Carlos Fierro, indicó que "lo que espero es que el fiscal nacional designe un fiscal regional para que se haga cargo de indagar los hechos que se denuncian en la querella y que son constitutivos de los delitos que nosotros enmarcamos en el artículo 47 del Código Penal, es decir, violación de secreto y filtraciones". Además, indicó que "esperamos que las acciones prosperen antes que se retome esta audiencia de preparación de juicio oral y, por lo tanto, se remueva a los persecutores y que sean otros los que se hagan cargo del caso".

Por su parte, desde la Asociación de Fiscales su presidenta, Trinidad Steinert, aseguró que "como interviniente tiene derecho a pedir lo que estime conveniente, sin embargo esta petición debería ser fundada en derecho y esgrimir una causal valida para esos efectos y acá no la vemos, por lo menos por ahora". Agregó que "esta nuevamente es una maniobra que busca lograr a través de secretaría el cambio de un fiscal y perjudicar todo el sistema, porque estamos hablando de un fiscal que conoce la causa, que sabe la estrategia jurídica a seguir en una etapa importante, y todo eso se pierde a través de estas maniobras".