Para hoy, a las 9.00, el fiscal nacional Jorge Abbott convocó a nueve instituciones de gobierno y de las policías, entre ellos el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y la directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), Susana Tonda, para formar parte de una mesa intersectorial en que se conversará sobre los casos de muertes de menores que estaban bajo custodia del Estado y que son investigados por el Ministerio Público.

La reunión se realizará en las dependencias de la Fiscalía Nacional, en calle Catedral, y entre los invitados también están el ministro de Salud, Emilio Santelices; la directora nacional de Gendarmería, Claudia Bendeck; el jefe de Orden y Seguridad de Carabineros, general Christian Franzani; el director del Servicio Médico Legal, Gabriel Zamora, y el jefe nacional de Delitos contra los Derechos Humanos y las Personas de la PDI, prefecto José Ortiz.

Según el oficio de Abbott enviado a Susana Tonda, al que accedió La Tercera, en las investigaciones de muertes de menores que estaban con medidas de protección de instituciones estatales "se advirtió escasa coordinación intersectorial y sistematización de la información por parte de organismos públicos, que de manera oportuna facilitara causas penales eficaces".

Desde julio de 2016, el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, investiga los decesos de menores dependientes del Sename. Entre ellos, el fallecimiento de Lissette Villa (11), caso en que el persecutor formalizó a funcionarias del centro Galvarino -donde vivía la menor-, por presuntas torturas y apremios ilegítimos. Durante ese mismo año, el Sename dio a conocer que en los últimos 11 años, 243 menores de edad murieron en sus recintos.

Abbott indicó que a raíz de estos casos, el Ministerio Público "ha podido constatar la falta de protocolos y coordinaciones específicas que promuevan investigaciones eficientes, que permitan determinar las responsabilidades penales que correspondan y contribuir a sanciones adecuadas a la gravedad de estos hechos".

Por esta razón, señaló que la fiscalía decidió crear una "mesa interinstitucional de muertes bajo custodia del Estado". El objetivo: fortalecer las investigaciones de muertes en este tipo de situaciones, "para disminuir la impunidad en estos casos" y "entregar una respuesta eficiente, coordinada e integral".

Lo que se busca es establecer en los organismos públicos una especie de "sistema de alerta temprana", para que cuando ocurra un deceso, este sea informado de inmediato a la fiscalía.

Abbott también señaló que "se buscará diseñar un protocolo investigativo frente a las causas en condiciones de privación de libertad bajo el resguardo del Estado".

El fiscal nacional justificó la iniciativa aludiendo a que los órganos que forman parte del Fisco tienen una especial posición de garante respecto de las personas que están bajo su control, custodia o cuidado. Aseguró que así lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de niños.

Por todo esto, manifestó que "las muertes ocurridas bajo custodia del Estado requieren ser investigadas con un estándar asimismo alto, que permita descartar cualquier actuar doloso o negligente del órgano a su cargo".

En el documento, Abbott además aseguró que el Estado es garante de las situaciones que puedan ocurrir con internos de hospitales psiquiátricos y en instituciones para personas con capacidades diferentes, entre otras. Lo mismo se aplica para los reos que están en prisión.

Al respecto, Consuelo Contreras, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), señaló que "la Unidad Especializada de Derechos Humanos de Fiscalía Nacional está impulsando esta tarea, que para nosotros es fundamental".

En tanto, Marcelo Sánchez, gerente de la Fundación San Carlos de Maipo, indicó que "me parece una iniciativa en el sentido correcto, pero requiere de una instancia de análisis coordinado más allá de la elaboración de un protocolo".