La Fiscalía Nacional entregó una serie de cifras sobre las personas que han sido imputadas por delitos contra la salud pública, en el contexto de la pandemia por el Covid-19.

De acuerdo al Ministerio Público, 529.357 imputados han ingresado al sistema de justicia penal por cometer este tipo de delitos durante el año 2020 y 2021. De ellos, señaló el organismo, 318.922 ya obtuvieron sentencia condenatoria, es decir, el 60% fue condenado por los tribunales.

En esa línea, a la fecha, un total de 446.386 imputados ha sido formalizado o requerido en juicio simplificado y/o monitorio. La cifra “forma parte de la postura institucional y, particularmente, de los criterios de actuación impartidos por el fiscal nacional, Jorge Abbott, de focalizar la persecución penal, principalmente, en reincidentes, empleadores y organizadores de fiestas o eventos prohibidos”.

La fiscalía señaló que “desde mediados de 2020, el criterio impartido en el Ministerio Público se ha focalizado en tres aspectos: en empleadores que obligan a sus trabajadores a concurrir presencialmente o bien falsifican permisos colectivos; en organizadores de fiestas o eventos prohibidos durante el estado de emergencia, y en quienes infringen las medidas en más de dos ocasiones”.

En el caso de los trabajadores coaccionados por el empleador, el Ministerio Público señala que “no los perseguirá porque entiende que éstos no tienen alternativas ante la imposición de sus jefaturas. Tampoco serán investigadas las personas que se vean forzadas a vulnerar las restricciones de movilidad para generar ingresos o buscar algún tipo de sustento, que de otro modo no podrían obtener”.

Sobre los organizadores de fiestas, reuniones u eventos prohibidos, y quienes asisten a ellos, la Fiscalía afirma que ha instado a “su persecución porque considera que éstos son potenciales vectores de contagio, lo que constituye, a juicio del Ministerio Público, una conducta claramente delictiva”.