Fiscalía Oriente decide formalizar a Sebastián Izquierdo por ataques en marchas por el “Rechazo”

“No estoy jugando, esto no es un asunto de barrio, estoy peleando una guerra por la independencia de mi país, a mis enemigos los atacaré con la seguridad de ganar, con el menor riesgo para mis tropas y buscando infligir el mayor daño posible y con todas las armas a mi disposición”.

A simple vista, esto bien podría ser un texto de algún oficial militar inmerso en medio de una guerra. Sin embargo, se trata de uno de los cientos de posteos que la Policía de Investigaciones (PDI) ha recopilado desde las redes sociales de Juan Sebastián Izquierdo Almarza, de 32 años, quien lidera la organización autodenominada “La Vanguardia” -que también emplea el nombre “Capitalismo Revolucionario”-, y que organizó, según la investigación de la Fiscalía, el 29 de febrero y el 30 de marzo, dos marchas por el “rechazo” a una nueva Constitución en Providencia.

Este viernes, el fiscal jefe de Ñuñoa, Álvaro Pérez, solicitó al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago la formalización, por el delito de lesiones, de Izquierdo y de quien sería su mano derecha en el mencionado grupo, el también imputado Roberto Belmar Vergara, de 36 años. Efectivos de la PDI hicieron ingreso a los domicilios que registran ambos imputados y se está a la espera de que la justicia agende una audiencia para que ambos enfrenten sus cargos.

La indagatoria del Ministerio Público y la PDI ha logrado acreditar, hasta el momento, dos eventos en que tanto Izquierdo como Belmar fueron protagonistas de violentos ataques en contra de personas que cuestionaron la manifestación que ellos organizaron, así como también quienes fueron víctimas por encontrarse cubriendo la protesta e incluso dependientes de locales aledaños a avenida Providencia donde se desarrollaron las marchas por el “rechazo”.

Nueve son las víctimas de ambos imputados. En la investigación ellas mismas, y testigos, relatan golpes en el cuerpo con bastones retráctiles y las lesiones oculares que dejó en ellas el uso de gas pimienta lanzado directo a sus ojos por Izquierdo y Belmar. La Fiscalía, además, cuenta con imágenes que capturan los momentos exactos en que ambos realizan estos actos, además del reconocimiento fotográfico de los imputados que hicieron los afectados.

Durante semanas, dicen fuentes consultadas, la PDI ha hecho puntos fijos y seguimientos para determinar el origen de las armas que ocupan los imputados. Es así como se logró establecer que poco antes de que comenzaran las medidas sanitarias por la pandemia de Covid-19, e incluso después, Izquierdo y Belmar recorrieron distintos puntos de la capital recopilando dinero donado por adherentes a la causa del “rechazo”. Dichas colectas, que son publicitadas en Facebook, son ocupadas -según los imputados- para la compra de bastones, chalecos antibalas, gases pimienta, insumos para la confección de escudos e incluso la adquisición de armas de aire comprimido.

“Si gana el apruebo, créeme que cambiaremos los bastones por fusiles”, le comenta Belmar en una publicación a Izquierdo. Éste, a su vez, asegura que cuando termine la cuarentena ya tienen más bastones para regresar a las marchas.

El polémico perfil de Izquierdo ha incomodado a otros partidarios de la opción “rechazo”. El 12 de marzo, la UDI lo denunció por apología al odio y amenazas de muerte lanzadas por Izquierdo en redes sociales contra los adherentes del “apruebo”. La UDI lo hizo luego de que Izquierdo fuese vinculado a la fabricación de escudos en una de las sedes comunales del partido, lo que el partido negó.

Una de las hebras que persigue la policía es identificar a quiénes financian a este grupo, que abiertamente anuncia en sus redes que ese dinero servirá para proveerse de elementos que luego servirán para lesionar a quienes no compartan su opinión política.

La investigación del fiscal Pérez recién comienza. Tras identificarse a los líderes de este grupo es posible que los cargos se amplíen a otros de sus integrantes. En ese contexto, y ante el reproche penal a la conducta de los imputados -por ser incompatible a la sana convivencia en un Estado democrático de derecho-, se estudia además invocar la agravante de la pena de quienes cometen delitos motivados por razones ideológicas en contra de sus víctimas.