Ocho años de cárcel es la pena que la Fiscalía solicita para Roberto Campos, profesor de matemáticas imputado por el delito de daños agravados en la estación San Joaquín de la Línea 5 del Metro.

Los hechos que ocurrieron durante la tarde del 17 de octubre de 2019, en la víspera de lo que fue el estallido social. “El imputado Roberto Adrián Campos Weiss, en compañía de a lo menos otros seis sujetos, procedió a incitar y promover por medio de gritos, aplausos y ademanes realizados con sus brazos a un grupo de personas de número indeterminado que lo observaban a romper torniquetes de control de acceso y aparatos sensores validadores de tarjetas de prepago del transporte de nombre “BIP”, ubicados en dicha estación”, se señala en la acusación del Ministerio Público.

De esta forma, el Ministerio Público solicita la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo por infringir la Ley de seguridad del Estado y 3 años de presidio menor en su grado medio más una multa de 11 UTM por el delito de daños agravados. Además, se pide la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y de la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena

Además, hoy se conoció la fecha para la audiencia de preparación del juicio oral de este caso: está será el 11 de mayo de 2021. Por estos hechos, Campos pasó dos meses en prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad. Tras ello, la Corte de Apelaciones ordenó su libertad, con lo que quedó en arresto domiciliario nocturno y firma semanal.

Defensoría llevará la causa al TC

Por su parte, la Defensoría Penal Pública anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) para solicitar que se declare inaplicable la Ley de Seguridad del Estado en este caso.

“Como defensoría hemos tomado la decisión de llevar esta causa al Tribunal Constitucional, y estamos solicitando la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad del Estado”, dijo el defensor público, Mario Araya, quien representa al docente.

En esa línea, señaló que “vamos confiados en que el tribunal, en este caso, nos dará la razón y que declarará inaplicable la Ley de Seguridad del Estado principalmente porque tiene problemas de carácter democrático y porque no describe suficientemente las conductas por las cuales las personas puedan ser juzgadas bajo esa ley”.

“Creemos que el resultado de lo que nos diga el TC va a determinar la pretensión del Ministerio Público con la presente causa. Sin embargo, creemos que incluso en un peor escenario, Roberto Campos no debiese cumplir privado de libertad”, concluyó Araya.