Fiscalía pone énfasis en investigación de excesos de policías y militares contra civiles

No está en la lista oficial de muertos de la Fiscalía ni del Gobierno. Falleció la madrugada del martes en la ex Posta Central y detrás de su deceso -en versión de sus familiares- hay una dura golpiza por parte de Carabineros. Es el caso de Álex Núñez Sandoval, que originó una de las 10 querellas por exceso de violencia policial y militar, además de torturas, -en el contexto de las protestas en el país-, que han sido presentadas en tribunales por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Nuñez falleció durante el toque de queda a las 3:30 del martes 22 en la ex Posta Central. Hasta allá fue trasladado luego que -de acuerdo a sus familiares- un grupo de Carabineros lo golpeara y dejara moribundo en los alrededores de la estación de Metro El Sol, en Maipú. Los testigos, según la querella del INDH, aseguran que la víctima se estaba manifestando en el lugar cuando tres carabineros lo detuvieron. En su cuerpo, además, tenía lesiones atribuibles a disparos con balines, según el mismo relato.

Cuando ingresó a la ex Posta Central los médicos le diagnosticaron muerte cerebral.  A las pocas horas, Álex Núñez dejó de existir: tenía dos hijos pequeños.

Este caso es uno de los que ha recogido el INDH y engrosa el listado de denuncias por el rol que han cumplido en el Estado de Emergencia tanto Carabineros como personal del Ejército y las Fuerzas Armadas encargados de las labores de orden y seguridad.

El martes, hasta las 19:00 horas, más de 50 personas eran atendidas en la urgencia de la ex Posta Central por diversas lesiones, las principales por heridas de perdigón en el cuerpo y lesiones oculares por la acción policial.

La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, dirigida por Ymai Ortiz, se encuentra levantando en todo el país las denuncias que involucren violencia ejercida por agentes del Estado (policías y militares). Sin embargo, las coordinaciones que se están haciendo con el INDH ya han abierto 17 causas penales en que la Fiscalía enfocará su trabajo a establecer la responsabilidad penal de los uniformados en estos hechos.

La vocera de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, hizo ayer un llamado a que las personas acudan a denunciar al Ministerio Público y reiteró que este tipo de investigaciones, especialmente cuando se acreditan casos de torturas "son investigados como violaciones a los Derechos Humanos".

El INDH tiene un registro de 88 personas que han resultado heridas a balas y cuyo origen serían armas usadas por uniformados.

Otro de los casos que ya está en investigación penal y que es parte de las querellas presentadas por el INDH ocurrió en Peñalolén.

Las víctimas serían tres adultos y un menor de edad quienes -según el organismo- fueron detenidos durante el toque de queda a las 1:00 AM del lunes 21. Carabineros, según la querella del INDH, los acusó de estar robando, pese a que dos de los adultos les señalaron que iban rumbo a la casa de la abuela del menor de edad para ir a buscarlo. Cuando eran trasladados hasta la 23 Comisaría de Peñalolén la policía detuvo a un cuarto sujeto. Fue en ese lugar, dice la querella, cuando todos los detenidos, incluido el adolescente de 14 años, fueron sometidos a torturas.

"Los detenidos fueron 'crucificados' en la estructura metálica de la antena de la Comisaría, colgándolos desde las esposas", dice el relato de la querella. A eso se suma el eventual uso de gas pimienta en contra de los aprehendidos, además de una golpiza.

La Fiscalía Oriente abrirá una investigación penal para que se esclarezcan estos hechos denunciados por el INDH.

Los observadores del INDH han dado cuenta de varias irregularidades en detenciones. "Hemos podido registrar relatos de desnudamientos, maltrato físico y verbal, golpes, demora de la policía en conducir a las personas detenidas a la comisaría, manteniéndolas en los furgones, con mala ventilación y hacinadas, durante largas horas", dice el último reporte de la entidad.

Asimismo, el organismo elevó a 123 heridos por armas de fuego, 85 lesionadas, muchas de ellas con heridas oculares a causa de impacto de balines.

Sobre las acciones judiciales presentadas, el INDH informó que ha puesto 26 en favor de 129 personas y se están preparando varias más. Entre las víctimas, hay 35 niños, niñas y adolescentes, y 94 personas adultas.

Ocho de estas acciones son amparos ante el juez de garantía que se han presentado por la urgencia en relación con las condiciones de detención de las víctimas, las que incluyen a NNA.

Fuentes de gobierno señalaron que se solicitó a la Fiscalía Nacional que debido a las circunstancias extraordinarias sean los fiscales regionales quienes encabecen las investigaciones que involucran a uniformados. El Ministerio Público -sin embargo- se negó.

Será la Defensoría Penal Pública, en tanto, la que asumirá la defensa de carabineros y militares implicados en las indagaciones. "Se ha recibido la solicitud de representar a 4 de los imputados que pertenecen a las Fuerzas Armadas. Todas las personas tienen derecho a defensa", señalaron en la institución que explicó que esta petición fue demandada por los mismos miembros de las Fuerzas Armadas.