Finalmente, este martes el Ministerio Público cerró la investigación y presentó la acusación en contra del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (ex RN). En su escrito, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte detalló los ilícitos por los que pide 28 años de cárcel en contra de la exautoridad.

En el escrito de 1.533 páginas, ingresado ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, el fiscal regional Francisco Jacir acusa al exalcalde de Vitacura de 29 delitos de fraude al Fisco, seis delitos de declaración maliciosamente incompleta de impuestos, uno de obtención indebida de devolución de impuestos y otro delito de lavado de dinero.

La indagatoria del ente persecutor señala que los delitos cometidos por Torrealba generaron un perjuicio al erario municipal de, a lo menos, $ 766.790.886.

El abogado querellante por la Municipalidad de Vitacura, Alejandro Espinoza, afirma que valoran la presentación de la acusación y destaca que “la Fiscalía solicitó penas que sumadas alcanzan los 28 años de presidio efectivo, que por su extensión no admiten penas sustitutivas”.

“Como lo hemos señalado, este largo proceso se inició cuando asume como alcaldesa Camila Merino, quien apenas tuvo indicios de estos graves delitos, presentó inicialmente denuncia al Ministerio Público y luego nos instruyó presentar las querellas respectivas”, concluye Espinoza.

El tribunal fijó para el próximo 13 de julio la audiencia de apertura del juicio oral, la que se extenderá por cuatro jornadas. Posterior a ese hito, se fijará una fecha para llevar adelante el juicio oral en contra del exalcalde de Vitacura.

Mecanismos para defraudar

En su escrito, el fiscal Jacir, junto a la persecutora Alicia Ascencio, detalla uno a uno los ilícitos por los que se llevará a juicio a Torrealba. Según especifica el documento, mientras la exautoridad se desempeñaba como alcalde, recurrió a dos mecanismos para defraudar al Fisco.

El primer de estos era a través de las subvenciones de los programas Vita, específicamente de Vita Deportes, organismos desde donde se desviaban recursos públicos. El segundo, por medio de las concesiones que alcanzaba el Consejo Local de Deportes y de la misma Vita Deportes.

Según relata el Ministerio Público, el exalcalde aplicó siete mecanismos para apropiarse de esos recursos, entre los que se encuentran la entrega de dinero por parte de sus excolaboradores, quienes mensualmente le entregaban entre $ 3 y $ 5 millones a la máxima autoridad comunal. Una operación ilícita que generó un perjuicio fiscal de $ 528 millones.

También se creó un “fondo de imprevistos”, lo que generó una defraudación de $ 22.950.000. Además, Torrealba recibió recursos provenientes de las fiestas de fin de año organizadas por Vitacura, “causando un perjuicio municipal de a los menos $ 80.000.000″.

Según concluye la Fiscalía, “los mecanismos de defraudación anteriores involucran, a lo menos, la suma de $ 766.790.886, equivalentes a 19.106 UTM, generándose el correspondiente perjuicio a las entidades municipales ya mencionadas”.

Para ocultar las defraudaciones cometidas, plantea el ente persecutor, la administración de Torrealba incorporó boletas y facturas por servicios que no fueron prestados “para justificar los desembolsos de los dineros recibidos, y así optar a conseguir nuevamente una subvención o la cuota correspondiente, en tanto que otras fueron utilizadas con el mismo objeto ahora en la contabilidad de las propias organizaciones”.

El lavado de Torrealba

Otro de los ilícitos por los que la Fiscalía acusa al exalcalde Torrealba es el lavado de dinero. En particular, según el Ministerio Público, el exlíder de RN, a través del fraude al Fisco, generó ganancias por $ 761.840.886.

El ente persecutor plantea que con dichos recursos, Torrealba “realizó diversas maniobras que le permitieron desvincular de forma progresiva el dinero desde su fuente ilícita. Es así como el imputado, con el dinero generado en el delito base, logró integrarlo y estratificarlo en el sistema económico financiero, vulnerando todos los controles del sistema preventivo en materia de lavado de dinero”.

La acusación detalla cuatro formas que empleó la exautoridad comunal para lograr su cometido. El primero de ellos fue solicitar a choferes municipales que depositaran el dinero al sistema financiero, ya sea a las cuentas personales del entonces alcalde o las de su esposa.

Además de eso, la Fiscalía también plantea que se recurrió al método de abonos fraccionados con dinero no justificado, ocultamiento de bienes de origen ilícito en el domicilio de Torrealba y a través de la utilización de productos mercantiles o financieros.

“Las diversas operaciones que realizó el imputado y que provienen de las cuantiosas defraudaciones de fondos públicos referidas en los hechos ya descritos, configuran una serie de actos de lavado de activos, que tuvieron como efecto que estos dineros ingresaran a su patrimonio, se mezclaran con sus bienes de origen licito y se integraran al sistema económico formal, afectándose en definitiva una serie de bienes jurídicos, destinados a cautelar tanto la administración de justicia como el orden público económico”, plantea la Fiscalía.

Además del fraude al Fisco y el lavado de dinero, la Fiscalía también detalla cómo se configuraron los ilícitos tributarios, específicamente la declaración maliciosamente incompleta de impuestos y la obtención indebida de devolución de impuestos.

Las pruebas y los bienes incautados

Al término de la acusación, la Fiscalía detalla las penas que solicita para la exautoridad. Los persecutores piden 12 años de cárcel por los delitos de fraude al Fisco, además del cobro de una multa del 30% de lo defraudado.

Junto con eso, pide imponer la pena de seis años de reclusión por lavado de dinero, además de una multa de 200 UTM, cerca de $ 14 millones.

En el caso de los delitos tributarios, la Fiscalía pide seis años más de cárcel por la falsificación de las declaraciones tributarios y otros cuatro por obtención indebida de devoluciones de impuestos. En ambos delitos, además requiere que se cobre una multa del 100% de los recursos tributarios defraudados.

Además de todo lo anterior, el ente persecutor pide el comiso de una parcela de Torrealba ubicada en Cunco, Región de La Araucanía, que está avaluada en $ 185.856.648. Igualmente se solicita el embargo de $ 7 millones en efectivo encontrados en la casa del exalcalde y de otros US$ 1.101.

Respecto a las pruebas ofrecidas por la Fiscalía Centro Norte para el juicio, la acusación del Ministerio Público presenta 156 testigos, así como también 791 pruebas documentales y 2.235 pruebas.

Un exalcalde en juicio

La causa en la que se indaga la trama de corrupción en la Municipalidad de Vitacura, durante la administración de Torrealba, tenía en total seis imputados. Pese a eso, el único que llegará a juicio es la exautoridad.

Previamente el Ministerio Público allanó el camino para llevar a juicio a Torrealba, y alcanzó diversas salidas para el resto de imputados. Así, por ejemplo, se condenó a los excontadores de los “Vita”, Arnaldo Cañas y Augusto César Silva, quienes recibieron penas de tres años y multas que partieron en los $ 16 millones.

Una salida similar tuvo el exdirector de Desarrollo Comunitario de Vitacura, Renato Sepúlveda, quien fue condenado a cinco años de libertad vigilada.

Domingo Prieto, expresidente y representante legal del Consejo Local de Deportes, Vita Salud y Vita Deportes de Vitacura, fue formalizado por fraude, pero falleció durante el proceso judicial.

La última salida se alcanzó en diciembre del año pasado cuando el Ministerio Público, y la defensa de la exdirectora de la Dideco, Antonia Larraín, acordaron un juicio abreviado en el que se condenó a Larraín a cinco años de presidio y al pago de una multa de $ 48 millones, monto al que se llegó con la venta de la casa de la imputada y el traspaso de los recursos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) por su rol en el caso.