Fiscalía realizó 66 interceptaciones telefónicas al día durante 2018

Desde su incorporación en 2005 al sistema penal chileno, como instrumento de investigación, la interceptación telefónica se ha convertido en una herramienta frecuente para las policías a la hora de indagar casos complejos ligados al crimen organizado, como narcotráfico y lavado de activos. El valor en su utilización queda en evidencia al repasar el uso de esta herramienta durante los cinco años, periodo en que se registró un alza del 34%.

Según cifras entregadas por el Ministerio Público a la Comisión de Constitución del Senado, su utilización ha crecido desde 18.089 intervenciones en 2014, a 24.262 el pasado 2018 (ver infografía). De acuerdo a estos números, durante 2018 se realizaron en promedio 66 interceptaciones al día. En tanto, sumando el uso de estas acciones en los últimos cinco años (106.084) se calculan 58 diligencias de este tipo cada 24 horas.

El uso de este instrumento fue normado en el Código Procesal Penal en 2005, respondiendo a lo contemplado en la Convención de Palermo contra el Crimen Transnacional de la ONU, a la cual Chile adhirió en 2000 y ratificó en 2005. El acuerdo multinacional recomienda a sus miembros adoptar el uso de vigilancia electrónica con el objeto de combatir "eficazmente la delincuencia organizada".

El Código Procesal Penal chileno no contempla el uso de las interceptaciones en cualquier delito, sino en crímenes, es decir, aquellos con penas superiores a 5 años y un día. No obstante, se han establecido excepciones, como en la Ley 20.000 de Drogas, en la cual el uso del "pinchazo", como se denomina la interceptación, se puede aplicar para cualquiera de los delitos especificados allí.

No obstante, su utilización también se encuentra establecida en otras leyes, como aquella que crea la Unidad de Análisis Financiero, la Ley de Inteligencia y sobre conductas terroristas. Incluso en la agenda corta, aprobada en 2015, esta facultad se extendió a investigaciones ligadas a robo, hurto, abigeato, entre otras.

Luis Toledo, director de la Unidad de Tráfico de Drogas de la Fiscalía Nacional, dice que el aumento es multifactorial. Primero, por la ampliación de los delitos. Y, en segundo lugar, debido al crecimiento de la telefonía móvil en los últimos años.

Toledo también explica que dada la proliferación de otros medios de mensajería instantánea, "el tráfico de voz ha perdido importancia". No obstante, destaca la relevancia de la información que surge desde el tráfico de datos, los que se encuentran asociados no al número, sino al teléfono. "Es una herramienta que cobra relevancia, aunque sea como prueba indiciaria o indirecta. De allí surge información sobre georreferenciación, tiempos de conexión y vinculación con otros móviles, entre otros", explicó.

Para el académico de la U. Diego Portales, Mauricio Duce, no debe sorprender el alza experimentada en los últimos años. Tampoco lo considera algo "chocante", respecto de la posibilidad de vulnerar el derecho al secreto de la comunicación. "Está en la línea de los fenómenos criminales que han crecido en el último tiempo, como la corrupción o el narcotráfico, donde la interceptación supone una herramienta clave en muchos de estos casos",

No obstante, de acuerdo a Daniel Álvarez, coordinador académico del Centro de Estudios en Derecho Informático de la U. de Chile, hay un par de casos que encienden las alertas, en relación al mal uso que se puede hacer de esta herramienta. Uno de ellos, la denominada operación Huracán, donde el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Aner Padilla, autorizó el procedimiento después de que estas fueran realizadas. Para proceder se debe contar con la autorización previa de un magistrado del tribunal de alzada, en el caso de la Ley de Inteligencia, y de un juez de primera instancia, para otros delitos.

Álvarez apunta a las cortes de apelaciones. "Como sus autorizaciones son hechas bajo el sistema de inteligencia, están rodeadas de secretos. El ministro tiene que evaluar en el minuto, confiando en los antecedentes que le muestran del caso, pero no tienen una capacidad legal ni práctica para evaluar. Es necesario legislar para que posterior a la autorización ejerzan algún control sobre su uso".

El senador Alfonso de Urresti (PS), miembro de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, cuestiona el sistema de registro de interceptaciones que utiliza el Ministerio Público. De acuerdo al parlamentario, la fiscalía solo guarda los registros de las solicitudes y no las grabaciones mismas. "La libertad de cada persona está en juego en estos procedimientos, que deben ser muy rigurosos", sostuvo.

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