Lesiones en contexto de violencia intrafamiliar.
Por ese delito, el 27 de julio, la Fiscalía formalizó a Carlos Ruiz Encina (60), tras ser detenido por Carabineros en la comuna de Ñuñoa. El sociólogo fue denunciado por haber golpeado a su pareja durante la madrugada de ese día en su departamento.
El caso desató una ola de reacciones por parte de los militantes del Frente Amplio -quienes se desmarcaron de los vínculos de su colectividad política con Ruiz- y también por importantes autoridades de gobierno. “Como noticia es lamentable e inquietante, creo que ciertamente a los chilenos y chilenas siempre nos inquieta cuando personas que han tenido figuración pública son acusados de haber cometido un delito”, dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá.
Por su parte, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, indicó por esos días que “tal y como siempre, hemos ofrecido representación ante la denuncia de violencia contra Carlos Ruiz. En 2022 atendimos a 218 mil mujeres que viven violencia y 40 mil en lo que va de 2023, sin distinción respecto de agresores. Condenamos toda violencia contra las mujeres”.
Sin embargo, a menos de un mes de conocido el caso, Ruiz buscó una salida alternativa a la investigación, mientras la víctima dio un “portazo” a las gestiones de representación que se le ofrecieron desde el Servicio Nacional de la Mujer (Sernameg), organismo que depende del ministerio liderado por Orellana.
Ayer, en una audiencia ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, la defensa del sociólogo, encabezada por el abogado Cristián Arias, solicitó discutir una salida alternativa en la causa.
Según Arias, “este tipo de causas tiene carácter de reservado, ya que en este caso implica relaciones personales y de pareja que no están quebradas, y que ambos (tanto Ruiz como su pareja) quieren mantener en un espacio lógico de privacidad”.
La Fiscalía se opuso a una salida alternativa.
Sin representación jurídica
A fines de julio, los hechos que relató el Ministerio Público, en la audiencia de formalización, distan de la versión que entrega la defensa de quien fuera fundador del Movimiento de la Izquierda Autónoma. “El imputado la empuja, con las manos, hacia la ventana del dormitorio, la toma por los brazos, arrojándola nuevamente a la cama, comienza a colocarle sus manos en el cuello, asfixiándola, no pudiendo respirar por momentos, logrando ella pegarle una patada en su estómago para que lo soltara”, relató en esa oportunidad el fiscal Anatole Larrabeiti.
Añadió que, de esta forma, la víctima logró salir de la habitación y contestar el citófono, donde el conserje le señala que existían reclamos de otros residentes del edificio por los ruidos. En ese momento, de acuerdo con la alegación del fiscal, el imputado le señala a la mujer “me estás acusando con la policía”, tras lo cual la habría empujado fuertemente hacia la cocina, antes de perder el conocimiento.
Pero la defensa de Ruiz cuestiona el relato de los hechos. “Hubo una sobredimensión que hizo la Fiscalía respecto de cómo ocurrió todo esto”, dice Arias, quien agrega que, además, no tenía sentido mantener la medida cautelar de “prohibición de acercarse a la víctima”, dado que la pareja sigue manteniendo un vínculo sentimental.
Esta solicitud fue acogida parcialmente por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, pues modificó esta medida cautelar. Según comunicó la Fiscalía Oriente, el Ministerio Público “se opuso al cambio de las medidas cautelares, sin embargo, el tribunal al oír a los demás intervinientes, mantuvo la prohibición de acercamiento del imputado en términos violentos”.
A raíz de esto, el abogado Arias explicó que pese a aquello “hoy en día, Carlos Ruiz y su pareja pueden hacer su vida con completa y absoluta normalidad”.
La investigación, por ahora, mantiene como intervinientes a la Fiscalía Oriente y la defensa del intelectual, a pesar de que cuando estalló el caso la ministra Orellana dijo que “vamos a ejercer las acciones judiciales correspondientes”. Explican en el gobierno que eso tenía que ver con entregar la representación jurídica a la víctima, además de la sicológica.
Sin embargo, la intención del Ministerio de la Mujer no se pudo concretar, pues ofrecido este patrocinio judicial, tomaron contacto con la mujer identificada con las iniciales C. F. (40 años) -a través del Sernameg- y ésta rechazó la representación. También rechazó la ayuda sicológica.
Cercanos a Ruiz afirman que esperan que la causa judicial que enfrenta termine pronto para abocarse a sus labores académicas y profesionales.
