Fiscalía registra aumento del 5% en denuncias por delitos sexuales
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En 2024, 50.070 causas por delitos sexuales ingresaron en el Ministerio Público, 2.500 más que en 2023. El director de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional cree que uno de los motivos del alza se debe a la alta visualización de los casos mediáticos, como el de Monsalve y Valdivia.
Dos mediáticos casos relacionados con delitos sexuales impactaron la agenda judicial durante 2024. El primero remeció al mundo político, mientras que el otro involucró a una exestrella futbolística.
Se trata de la denuncia por violación y abuso sexual que pesa contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, presentada por una subalterna que trabaja en el Gobierno, y la investigación que el Ministerio Público está llevando adelante contra el exfutbolista Jorge Valdivia.
Ambas investigaciones engrosan la lista de las 50.070 causas que fueron ingresadas en el Ministerio Público por ese tipo de ilícito entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. Cifra que supera las 47.621 recibidas por el ente persecutor durante 2023, representando un alza del 5,1% en un año.
Justamente los “casos mediáticos”, como el de Monsalve y Valdivia, podrían haber influido en una mayor predisposición para acudir a la Fiscalía y denunciar este tipo de hechos.
Esta es una de las hipótesis que releva el director de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, Maurizio Sovino, al abordar los motivos del alza, que además se ha ido sosteniendo a través de los años: en 2022 las denuncias por delitos sexuales fueron 46.513.
“Para explicar el alza de las denuncias hay que tener un estudio más sociológico, pero tenemos hipótesis. Creemos que la mayor visibilidad de los delitos sexuales afecta. El año pasado, con los casos emblemáticos, de todas maneras tiene una influencia. Me atrevería a decir que muchas personas, gracias a los debates y discusiones que hubo en la prensa, con los amigos, en la mesa, gracias a esto se discutió mucho, sobre todo la violencia contra personas adultas. Las personas decían ‘oye, chuta, entonces fui víctima, no me acuerdo, me tomé unos tragos, no me acuerdo que pasó'”, explicó el abogado.
Para complementar, Sovino dice que las campañas públicas también tienen una injerencia: “Son varios factores para explicar el alza”. Eso sí, afirma que esto no se debería a que hoy hay más violencia sexual.
Pero el aumento supone otra problemática: la sobrecarga de trabajo para el mismo equipo. “Han ido aumentando y ya duplicamos lo que teníamos previo a pandemia. Con la misma gente, los mismos equipos”, comenta el director de la Fiscalía, quien espera que se inyecten nuevos recursos en los próximos meses tras las aprobaciones legales.
Según el boletín anual del Ministerio Público, presentado durante la semana pasada, de los 50.070 casos de 2024, 26.309 corresponden a casos con imputados conocidos, mientras que 23.761 a hechos con imputados desconocidos, una de las principales preocupaciones para los investigadores.
En las 50.070 causas de 2024 hay 56.343 víctimas. Esto debido a que en un caso puede haber más de una víctima. De ese número, 39.669 son niñas, niños y adolescentes.
Casos que terminan en sobreseimiento
Uno de los delitos más complejos del ordenamiento jurídico, por el cual una persona puede ser imputada, concuerdan los penalistas, es un hecho sexual. Es por ello que estas investigaciones, comenta Sovino, deben tener un estándar superior al de otros ilícitos que persigue la Fiscalía. Es justamente por este punto que ser acusado por este tipo de conductas adquiere un carácter distinto.
De acuerdo con cifras de la Defensoría Penal Pública, en 2024, de los casos de delitos sexuales que tramitó ese organismo, 8.945 llegaron a su fin. De esa cifra, 498 terminaron en sobreseimiento definitivo y 497 en absolución.
“La imputación del delito sexual es una imputación bastante grave, más allá de los distintos tipos de figuras penales que apuntan a la integridad de una persona”, dice el defensor nacional (s) Osvaldo Pizarro.
La autoridad (s) recuerda un caso de 2017 en Concepción, donde le tocó defender a un sujeto que fue acusado por su exmujer por abusar de una de sus hijas, de 5 años, supuesto ataque que se habría dado en el régimen de visitas. En el juicio, Pizarro dice que lograron demostrar que la denuncia era falsa y que detrás había un interés, es decir, una “ganancia secundaria” basada en una demanda de alimentos y visitas.
“En los casos de denuncias de abuso sexual la situación es mucho más compleja, porque normalmente esas imputaciones se sustentan única y exclusivamente en un relato de la denunciante. Y ahí se genera una serie de complicaciones, porque es absolutamente esencial para un sistema adversarial, como el de justicia penal chileno, que las imputaciones siempre tengan elementos de corroboración en otros medios de prueba”, agrega.
En el desglose de los sobreseimientos, 61 casos pertenecen a la Región Metropolitana Sur y 65 a la Región Metropolitana Norte. Por otro lado, en 2023 hubo 7.888 casos terminados que pasaron por la Defensoría Penal Pública. De ellos, 452 terminaron con sobreseimiento definitivo.
Injustas imputaciones
Si bien Pizarro afirma que el estándar de investigación de la Fiscalía debiese ser el mismo en todos los casos, la “carga emotiva que deriva de una imputación sexual es distinta a la imputación de un robo. La imputación, por decirlo de alguna forma, es más fea”.
Por eso, una de las interrogantes del sistema de justicia es ¿qué pasa con las personas que son injustamente imputadas por delitos sexuales? El defensor dice que quienes son formalizados por estos delitos, ya sea que hayan pasado por prisión preventiva o no, tienen “un daño personal, moral, laboral y económico que es inconmensurable”.
“Lamentablemente, la sentencia absolutoria no tiene el efecto de poder enervar todos los perjuicios que se le generaron a la persona cuando tuvo la imputación”, agrega. Asimismo, destaca el Proyecto Inocentes, nacido en 2013 al alero de la Defensoría Penal Pública y que tiene por finalidad asesorar a personas que hayan sido imputadas de manera injusta.
Para la Fiscalía estos temas también tienen relevancia, en el entendido de que ellos deben velar por investigaciones bajo el principio de objetividad. En ese sentido, Sovino apunta que cuando un caso termina en absolución, por ejemplo, “el imputado podrá tomar las acciones pertinentes si es que estima que hay algún error o injusticia. Pero no es lo habitual”.
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