La Corte de Apelaciones de Rancagua dictó una orden de no innovar respecto de lo incautado por el Ministerio Público de O'Higgins, en el Obispado de Valparaíso, el pasado 13 de septiembre. El tribunal de alzada tomó aquella decisión luego de que la Iglesia porteña presentara un recurso de protección argumentando, entre otros puntos, que el allanamiento, autorizado por el juez de garantía de Rancagua Luis Barría, no cumplió con las normas de "sigilo" ni con ciertos plazos de aviso.
El recurso fue interpuesto el 24 de septiembre pasado por el vicario judicial de Valparaíso, el sacerdote Luis Meneses, ante la Corte de esa ciudad. En el documento se señala que la diligencia "no cumplió con lo dispuesto en el artículo 209 del CPP para proceder al examen y registro de lugares religiosos", puesto que el fiscal no ofició previamente a la autoridad, informando la práctica de dicha actuación en una comunicación que "debió ser remitida a lo menos con 48 horas de anticipación".
El mismo recurso agrega que en la orden no se explica que "no se procedería según lo dispuesto legalmente, porque fuere de temer que por dicho aviso pudiere frustrarse la diligencia".
Ese no fue el único reclamo planteado por el sacerdote, quien también cuestionó la presencia de la prensa en la diligencia, que aquel día se repitió en obispados de Chillán, Osorno y Concepción.
El 25 de septiembre, la Corte de Valparaíso se declaró incompetente y derivó los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Rancagua, que declaró admisible el recurso al día siguiente. Así, ese jueves 27, la Corte entregó un plazo de ocho días al juez Barría para informar sobre la autorización que le solicitó la fiscalía en base a la investigación contra el excanciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz.
El lunes pasado, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua, compuesta por los magistrados Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y el abogado integrante Juan Briceño (la misma que días antes le revocó la prisión preventiva a Óscar Muñoz y lo dejó con arresto domiciliario nocturno), dictó orden de no innovar. Con ello, la fiscalía no puede utilizar lo incautado en Valparaíso hasta que el tribunal de alzada resuelva.
Este es el primer tropiezo del Ministerio Público en torno a la investigación por abusos sexuales al interior de la Iglesia Católica, que ya suma 16 entradas y registros a edificios eclesiales.
Lo incautado
El 13 de septiembre, el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, realizó allanamientos simultáneos en cuatro diócesis del país: Concepción, Chillán, Osorno y Valparaíso. En ellos se buscaban "todas las denuncias e investigaciones que se hubiesen iniciado por hechos que constituirían delitos que afecten la integridad e indemnidad sexual de menores de edad (tales como abuso sexual, violación, prostitución infantil, almacenamiento o difusión de material pornográfico infantil)", cometidos por miembros de las diócesis.
En los edificios eclesiales, fiscales, junto al OS-9 de Carabineros, incautaron documentación virtual y escrita, además de computadores.
Según el recurso de protección presentado por Meneses, en Valparaíso la fiscalía también incautó el ordenador en el que se registran las nulidades matrimoniales, lo que les imposibilita avanzar en eso.
