La Corte Suprema desechó los argumentos de la defensa de la diputada Catalina Pérez y confirmó su desafuero para que sea formalizada por tres delitos de fraude al fisco en el caso Democracia Viva.

Tras la audiencia en que se revisó la apelación, este lunes, el Pleno del máximo tribunal ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que el pasado 10 de febrero acogió la solicitud de desafuero que hizo el Ministerio Público.

De esta forma, Pérez se convierte en la cuarta integrante de la Cámara de Diputados que es desaforada en el actual periodo parlamentario, después de María Luisa Cordero, Francisco Pulgar y Mauricio Ojeda.

“Creemos que no existen antecedentes serios para fundar un posible desafuero”, afirmó en entrevista con La Tercera el abogado de la parlamentaria, Gonzalo Medina, en la antesala de la audiencia de este lunes.

En su argumentación ante el máximo tribunal el letrado cuestionó la indagatoria y dijo que una acusación penal no podía sustentarse en la interpretación de mensajería de telefonía móvil “sacada de contexto”.

El Pleno fue citado a las 14.00 horas y la sesión en que expusieron la defensa, Ministerio Público y querellantes, se extendió hasta poco después de las 16.30. Los ministros deliberaron en privado y luego informaron su resolución a las partes.

Con la decisión de la Suprema, Pérez queda inhabilitada para votar y participar en sesiones de Sala de la Cámara de Diputados y de comisiones. Su escaño, además, debe restarse del número total de legisladores para calcular las mayorías necesarias para la aprobación de leyes. Igualmente, seguirá percibiendo su dieta parlamentaria.

El Ministerio Público esperaba la confirmación del desafuero para proceder a formalizar a la diputada y eventualmente solicitar medidas cautelares.

Ya están formalizados en el caso, su expareja Daniel Andrade, su otrora estrecho colaborador Carlos Contreras y la exconcejal por Antofagasta Paz Fuica.

El caso estalló el 16 de junio de 2023, cuando el medio regional antofagastino Timeline dio a conocer los tres convenios por $426 millones que Carlos Contreras, entonces seremi de Vivienda de Antofagasta, autorizó en favor de Democracia Viva, la fundación de Daniel Andrade, pareja de la diputada Pérez en esos días.

El fiscal Cristian Aguilar sostiene que la diputada y su círculo concretaron una maquinación para acceder a recursos estatales “con fines políticos” a partir de la fundación Democracia Viva.

Todos eran militantes del extinto partido Revolución Democrática (RD), tienda que fue puntal del ascenso de su generación al poder y la llegada de Gabriel Boric al gobierno.

Catalina Pérez, que lideraba RD cuando Boric fue proclamado como candidato, fue la segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados desde el 7 de noviembre de 2022 hasta el 20 de junio de 2023, cuando “suspendió” su presencia en el puesto por las críticas a su rol en el caso Democracia Viva.