Fonasa afirma que menos del 10% de lista de espera se iría a clínicas

Con la reforma a Fonasa en régimen y considerando la capacidad instalada en los hospitales, menos del 10% de los pacientes de listas de espera serían derivados a clínicas y centros privados. Así lo planteó el director del seguro público, Marcelo Mosso, saliendo al paso de las críticas que ha levantado el proyecto de ley, que pone plazo máximo para la atención de las patologías No Auge y dispone el traslado al extrasistema de los casos que no sean resueltos a tiempo.

"Vamos a invertir fuertemente en los hospitales públicos, en formación de especialistas y en eficiencia. Nuestro énfasis está en fortalecer la red", dijo Mosso, quien agregó que los cambios que se harán a Fonasa -para que la entidad opere como un asegurador de los pacientes, pudiendo gestionar la red de prestadores para cumplir con los tiempos- harán que los hospitales sean más eficientes. "En el proyecto de ley, tenemos la obligación de hacer convenios para copar la capacidad del sector público primero y, después, si queremos ir a otros, solo lo podemos hacer vía licitación". Además, destacó que las derivaciones fuera de la red serán con una orden de prelación que dejará a los centros con fines de lucro en el último lugar y pagando lo mismo que en la red pública.

Con todo, aseguró que "la complementariedad público-privada siempre va a existir", pero que debe ser con criterios que prioricen a los centros públicos y que "si vamos a derivar, tengamos las reglas claras, transparentes y los precios acotados".

Según los lineamientos que adelantó el gobierno, la reforma a Fonasa podría reducir a la mitad los tiempos de espera de las prestaciones No Auge, al fijar tiempos límite. A eso se suma un Plan de Salud Universal, con cobertura mínima de 80% en la red y del 60% en el extrasistema, un seguro de medicamentos y otro catastrófico.

La iniciativa, que ingresaría este martes al Congreso, ha generado diversas reacciones. Mientras desde la oposición se plantea una "isaprización" del seguro público, algunos expertos sostienen que los cambios podrían mejorar la gestión de la red. "La propuesta mantiene una discriminación en función de los recursos económicos de las personas y abre la posibilidad de una suerte de 'isaprización', porque quienes cuenten con dinero podrán resolver de mejor manera su problema", sostuvo el senador PPD Guido Girardi, quien añadió que el proyecto "no entrega sustento económico al sistema público para resolver los problemas, y la 'letra chicha' dice que en esos casos debe comprar los servicios, lo que implica traspasar los escasos recursos al sistema privado".

A su vez, el diputado de la Comisión de Salud Daniel Verdessi (DC) sostuvo que el proyecto apunta en la dirección correcta, pero que "esperamos algunos compromisos concretos por parte del gobierno, entre ellos, que se acorte la brecha entre lo público y lo privado para no seguir comprando servicios en este último sector y fortalecer realmente el sector público".

El senador Francisco Chahuán (RN) destacó que lo prioritario es garantizar la atención de los pacientes, pero que "antes de comprar servicios a terceros, tenemos que entregar incentivos al sistema público y sacar adelante las listas de espera".

Victoria Beaumont, directora de la fundación Politopedia, planteó que "si se mantiene el criterio de prelación al momento de derivar pacientes, no se estaría dando un cheque en blanco a los privados. Aquí el tema es poner a las personas en el centro de la política pública, porque se ha sacrificado a un montón de chilenos esperando que el sistema público tenga resolución, versus entregar las prestaciones en forma oportuna".

Mientras, Alejandra Palma, economista de Libertad y Desarrollo, destacó que "la gestión de redes de prestadores desde Fonasa podría crear una competencia dentro de la red pública que aumente la capacidad ociosa, la eficiencia y la capacidad resolutiva en el sistema público".