Ya son múltiples las autoridades, y hasta figuras de la televisión, que han declarado en la investigación por el fraude en Carabineros: generales, exsubsecretarios, abogados, y el propio Don Francisco (como testigo por un supuesto regalo que dijo enviarle el ex director general Eduardo Gordon). Así, en los próximos días se sumará un nuevo testimonio, ahora desde el mundo eclesiástico: el exobispo de Antofagasta Pablo Lizama.
¿Qué tiene que ver el sacerdote con el fraude de más de $ 28 mil millones que se indagan en la institución uniformada? Luego de que Contraloría emitiera el informe de auditoría, el que daba cuenta de pagos improcedentes por la suma de $ 196 millones por concepto de reliquidación de pensiones de retiro y de montepíos, hubo un elemento que llamó la atención del equipo investigador de la malversación en la institución uniformada: más de 300 personas reciben dobles pensiones. De dicho total, se tomó una muestra de 10 beneficiarios y se determinó que estos obtienen jubilación de la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) y de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).
Según se consigna en un párrafo del informe de Contraloría, el cual se derivó al fiscal Eugenio Campos, "conforme a la información contenida en Siaper (Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado), se advirtió que 10 personas eran beneficiarias de pensiones tanto de Dipreca como de Capredena, por haber ejercido funciones en Carabineros de Chile y en otra institución de las Fuerzas Armadas".
Entre las personas que se identificaron en este listado figura Pablo Lizama Riquelme, exobispo castrense (entre 1994 y 2004) y exobispo de Antofagasta (entre 2004 y 2016).
Según los antecedentes que Contraloría anexó al informe de auditoría, el arzobispo emérito de Antofagasta obtiene una pensión como coronel de Carabineros por $ 1,9 millones, y como general de brigada del Ejército por $ 2,2 millones. Además recibe una jubilación como profesor en Carabineros por $ 486 mil. En total, percibe $ 4,9 millones mensuales.
Con estos antecedentes, la semana pasada la fiscalía citó como testigo al sacerdote Lizama para que declarara en el caso. Sin embargo, el Ministerio Público decidió llamarlo nuevamente para esta semana, pero ahora en calidad de imputado, para que así pueda concurrir en compañía de un abogado defensor.
El diputado PS, y quien presidió la comisión investigadora de las pensiones en Capredena, Leonardo Soto, manifestó que "hay un error gravísimo en el cálculo de estas pensiones del arzobispo emérito, lo que generó que recibiera dos pensiones por los años de servicio. La fiscalía y la Contraloría deberán investigar a fondo si hubo negligencias o si hubo dolo en esto. Pediremos en la Cámara al ente contralor que haga una revisión completa, y que no solo se haga una muestra para saber qué más hay detrás de esto".
La Tercera se contactó con un teléfono asociado a Lizama, sin embargo, la persona que contestó se identificó como cercana al exobispo, quien manifestó que le preguntaría al sacerdote si estaba dispuesto a entregar una versión sobre los hechos expuestos por Contraloría y que hoy son materia de investigación de la fiscalía. Hasta el cierre de esta edición no se había obtenido una respuesta.
Diligencias
La muestra de 10 personas que reciben dobles pensiones por Dipreca y Capredena llamó la atención de los investigadores del fraude, dado que si se revisaba caso a caso esta lista podría crecer. Es por ello que el fiscal Eugenio Campos ya ofició a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas para recolectar más información.
Lo que investiga el Ministerio Público es que hay personas a las que se les sumaron los años de servicio en las dos cajas, pagándose dos veces. Esto, según la tesis de la fiscalía, no corresponde, pues deben sumarse los años, sacar un total, y pagar solo una jubilación.
Además de Lizama, la fiscalía también citó a declarar un general (R) de la Fuerza Aérea que recibe pensión de Dipreca y Capredena, como general en esta última y en su calidad de profesor en la caja previsional de Carabineros.
Consultado el subsecretario para las FF.AA., Juan Francisco Galli, indicó que "vamos a entregar todos los antecedentes y ya hemos sido prácticos en esto, tras el convenio que firmamos con Contraloría. Sobre el oficio, lo recibimos y estamos recabando los antecedentes, que son bastante antiguos, pero apenas los tengamos se los enviaremos al fiscal".
Para la abogada interviniente en el caso del fraude en Carabineros -y que representa a cuatro imputados-, Bárbara Salinas, le "parece muy relevante y necesario que la investigación se amplíe a esta arista y cualquier otra arista nueva que surja. Ello, porque los delitos conocidos hasta ahora han afectado gravemente a la institución, dañando su imagen y confianza frente a la ciudadanía y, de paso, afecta directamente el trabajo de decenas de miles de carabineros que cumplen con su deber día a día".
