"No pongo las manos al fuego, pero tengo la tranquilidad de que no aparezcan más (personas del alto mando) en esas investigaciones", sostuvo el general director de Carabineros, Hermes Soto, ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, el pasado miércoles, aludiendo a los nuevos generales ascendidos y los alcances del fraude.
La investigación del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, inició la crisis en la institución, a fines de 2016, con un desfalco de casi $ 1.000 millones, que a poco más de un año de pesquisas ya supera los $ 28 mil millones, según fuentes del caso.
La investigación, en tanto, está centrada en determinar cada uno de los montos defraudados por los imputados, lo que deberá ser expuesto en la audiencia de reformalización de 35 personas, el 16 y 17 de abril.
La última cifra del fraude que había anunciado Campos era de $ 26.750 millones. Sin embargo, con el avance de la revisión de las cuentas institucionales, el monto ha aumentado. Es por ello que de aquí al cierre de la investigación, fijado para junio, se espera que el monto alcance los $ 30 mil millones.
Alejandro Peña, abogado de cinco de los imputados sindicados como "cuentacorrentistas", dijo que "esperamos que de aquí a junio la fiscalía pueda practicar las diligencias que aún se encuentran pendientes para que puedan, más que determinar el monto del fraude, saber dónde está el dinero malversado".
En ese sentido, Peña señaló que "la fiscalía también debiera apuntar a recuperar los bienes producto de este fraude, los cuales deben estar en poder de quienes lo fraguaron, y que hasta la fecha no se han podido incautar. Esperamos que la investigación avance y el dinero se pueda recuperar".
En tanto, el viernes se concedió el cambio de medidas cautelares para tres imputados: Mauricio Saldaña, Víctor Escobar y David Vega. Estos últimos son parte del grupo denominado como los "cuentacorrentistas", funcionarios que cedían sus cuentas corrientes para que los ideólogos del fraude realizaran allí los depósitos desde cuentas institucionales.
Auditoría externa
La contratación de una auditoría externa para evitar el desvío de fondos institucionales a terceros es una de las prioridades del general Soto. Así lo ha señalado desde que asumió el mando, tras la renuncia de su antecesor, el general (R) Bruno Villalobos.
Es por ello que en Carabineros ya se encuentra la propuesta de una empresa externa para la "evaluación y mejoramiento del proceso de pago de remuneraciones en Carabineros". Se presentaron seis firmas al proceso y la seleccionada hizo una propuesta por $ 91 millones.
A la auditoría se suma el ingreso por Alta Dirección Pública del personal vinculado a la Dirección de Finanzas, que ya anunció el general Soto.
