Después de ocho meses de tramitación en el Congreso, en Presidencia y en el Tribunal Constitucional (TC), la ley para extender la visita de los ministros de la Corte Marcial en investigaciones penales -y que permitiría que la ministra Romy Rutherford continuara a cargo del caso del fraude en el Ejército- ya fue publicada en el Diario Oficial. Con esta primera etapa cumplida, ahora falta una valla más para que la jueza que lidera la causa continúe a cargo de las pesquisas: la Corte Suprema.
Rutherford ha procesado a dos excomandantes en jefe del Ejército por malversación de caudales públicos, por el presunto uso irregular de gastos reservados. El primero en ser encausado fue el general (R) Juan Miguel Fuente-Alba por el supuesto desvío de más de $ 3.500 millones; luego, fue el turno del general (R) Humberto Oviedo, a quien le imputó malversar -presuntamente- $ 4.500 millones.
Su continuidad en la causa, la que podría ser extendida por dos años más, a partir de marzo, será definida el lunes por el pleno de la Corte Suprema. La decisión será seguida de cerca por los inculpados en la causa y en el mundo militar, quienes están pendientes del futuro de la jueza al mando del caso ¿La razón? Existen uniformados que están siendo investigados por la magistrada por reembolsos de dinero en viajes, el uso de gastos reservados, y otros delitos derivados de la función uniformada.
Otra decisión que podría tomar la Suprema, es la extensión de la exclusividad de la ministra en el caso.
Actualmente, Rutherford tiene dedicación exclusiva para la causa, situación que se renueva cada tres meses. En diciembre, el pleno decidió extenderle esta facultad hasta marzo y, además, se conversó la posibilidad de que si se aprobaba la ley y se definía su continuidad, la exclusividad podría extenderse por un año.
