La ministra en visita de la Corte Marcial, Ana María Osorio, notificó a cuatro militares en retiro que se decretó su procesamiento en la arista “avión Cessna”, en el marco de la investigación del denominado caso “Fraude en el Ejército”.
Esto, a cuatro días de asumir como ministra en visita extraordinaria por este caso, tras ser confirmada el lunes 4 de septiembre por la Corte Suprema como sucesora de la ministra Romy Rutherford.
De hecho, la resolución notificada por Osorio fue dictada el viernes 1 de septiembre recién pasado por la exministra en visita Rutherford, quien encausó a Alex Gluzman Comte, Cristián Salgado Sáenz, Alberto Elías Magluf y Luis Reyes Álvarez, en calidad de autores del delito de fraude al fisco, por un monto total actualizado de $565.696.496.
Asimismo, decretó el embargo de bienes de los procesados por un monto de 600 millones de pesos.
Según informaron desde el Poder Judicial, los cuatro militares en retiro quedaron en prisión preventiva en el Regimiento Militar N° 1 de Peñalolén y la Corte Marcial dispuso la libertad de Gluzman Comte esta jornada.
En una de sus primeras acciones en el cargo, la ministra Ana María Osorio se había encargado de notificar el miércoles al excomandante en jefe del Ejército, general (r) Juan Emilio Cheyre, la ampliación del procesamiento dictado en su contra por el caso “Fraude en el Ejército” por la ex ministra Rutherford.
La arista avión Cessna
En abril pasado, la ministra Romy Rutherford ya había sometido a proceso a otros cuatro militares por los delitos de fraude al fisco y falsedad militar, cometidos en el año 2012 en el marco de la arista “Avión Cessna”.
La magistrada encausó al retirado teniente coronel Claudio Andrés Fuentealba Acuña por un de lito de fraude al fisco por un monto total actualizado -en ese entonces- de $556.210.569.
En tanto, los también retirados Francisco Javier Rossi Giacosa e Iván Alejandro González López, junto a Orlando Iván López Moraga, militar en servicio activo, fueron encausados por fraude al fisco por el mismo monto anterior y además por el delito de falsedad militar.
En el 2011, el entonces mayor Claudio Fuentealba, piloto de la Brigada de Aviación del Ejército fue designado para renovar el avión de enlace para el alto mando institucional. Aunque la compra del avión fue por US$ 9,3 millones, una auditoría de Contraloría indicó que, a fin de verificar la pertinencia del valor de la transacción, se consultó el precio publicado en la web para naves de similares características, constatándose que oscilaba entre US$ 7.295.000 a US$ 7.975.000, monto menor al de la transacción analizada.
El 21 de diciembre de 2017, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por presunto fraude al fisco en contra del excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba, acusando que habrían existido irregularidades en el proceso de licitación y posible sobreprecio en la compra de ese avión marca Cessna.
