Ya son más de 30 las aristas que la ministra en visita del fraude en el Ejército, Romy Rutherford, suma en su investigación. El avance en distintas de estas cuerdas, sin embargo, no ha sido impedimento para que vaya destapando otras presuntas irregularidades. Así quedó demostrado el 9 de diciembre, cuando determinó la apertura de un nuevo cuaderno en sus pesquisas, y que involucra a la tercera antigüedad de la institución castrense, el general de División, Rodrigo Urrutia Oyarzún.

La apertura de esta nueva hebra investigativa se originó luego de que el 6 de diciembre, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), denunciara el delito de falsedad militar, en que apunta al rol del del general Urrutia como jefe del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF).

La acción judicial, según consta en el documento, señala que Urrutia emitió un certificado de búsqueda en decía que no existían antecedentes respecto a una consulta que hizo un periodista sobre los "contratos de adquisiciones realizadas por el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) en que las Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae) haya sido el intermediario".

Sin embargo, según el CDE la información sí existía y Urrutia habría incumplido un deber militar.  "Informe de Auditoría de Contraloría de fecha 15 de enero de 2014 en el que queda de manifiesto que lo informada por el Ejército es falso y el certificado mendaz que se refiere (el) presente escrito falta a la verdad en la narración de los hechos sustanciales", expuso el Consejo en su denuncia.

Sobre por qué los antecedentes debían ser indagados por la ministra Rutherford, el CDE indica en su denuncia que "resulta evidente que las adquisiciones realizadas por el CAF, usando como intermediario a Famae, dicen relación con fondo o recursos de la Ley Reservada del Cobre".

Este caso ya estaba en manos del Ministerio Público, en la Fiscalía Centro Norte, pues en un comienzo el Consejo para la Transparencia, organismo que comenzó recabando los antecedentes, hizo la denuncia en la fiscalía. Sin embargo, como se trata de fondos que tiene que ver con la Ley Reservada del Cobre, el CDE, decidió interponer la acción judicial en el tribunal militar.

Las adquisiciones de Famae, además, son parte de otro cuaderno investigativo llevado por la ministra Rutherford. La jueza ya remitió una orden de investigar la falsedad militar a la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI.