La defensa del general (R) Juan Miguel Fuente-Alba sumó ayer dos fracasos judiciales en la Corte Marcial. Ambos unánimes. Uno, en su intento por conseguir la libertad bajo fianza del ex comandante en jefe del Ejército. Y el otro, por el amparo presentado para impugnar los interrogatorios realizados por la ministra Romy Rutherford.
Respecto del amparo, la defensa acusaba, entre otras cosas, que Fuente-Alba declaró como inculpado sin la presencia de sus abogados. Ante esto, los cuatro ministros resolvieron "que solo cabe concluir que su resolución se ajustó a la normativa que es aplicable a la investigación (...) Podrá estimarse anacrónico tal proceder, pero nunca como constitutivo de alguna ilegalidad".
La defensa estudia ahora apelar a la Corte Suprema.
Gastos abultados
En un alegato de 15 minutos, Joanna Heskia, la abogada de Fuente-Alba, argumentó por qué, a su juicio, debía revocarse la prisión preventiva del oficial en retiro.
En su intervención, Heskia manifestó, en reiteradas ocasiones, que los montos del procesamiento (cerca de $ 3.500 millones) fueron "groseramente abultados". Ante su insistencia, el presidente de la Corte Marcial, Hernán Crisosto, le pidió a la abogada no usar ese tipo de adjetivos para referirse a una actuación de una jueza de la República. Heskia, según explicó después, apuntaba a que resulta "ilógico" pensar que el ex comandante en jefe haya malversado esa cifra, la cual, según sus cálculos, representa alrededor del 40% de todos los gastos reservados de la comandancia en jefe del Ejército.
Según alegó Heskia, no existiría tal malversación, ya que los fondos "nunca fueron sustraídos" y solo tuvieron un uso destinado para un "fin distinto" a la partida de seguridad, pero siempre "institucional, para el Ejército, nunca personales". Por eso, dijo, podrían ser "objeto de un reproche administrativo" o constituir otro tipo penal.
El tribunal, sin embargo, rechazó de forma unánime sus argumentos y mantuvo la prisión preventiva.
