Este jueves la Fiscalía entregó el 5° Boletín Estadístico de Acceso a la Justicia Penal de Migrantes y Extranjeros, elaborado por la Mesa Interinstitucional de Acceso a la Justicia Penal de Migrantes y Extranjeros, que reúne al Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, los Ministerios del Exterior y de Justicia y DD.HH., Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
En el reporte se reveló un fuerte incremento en el número de personas imputadas de nacionalidad extranjera: Entre los años 2016 y 2020 la cifra “aumentó progresivamente”, llegando a un alza de 355% en los cinco años analizados, indicó el Ministerio Público.
El boletín fue presentado por el fiscal nacional, Jorge Abbott, en compañía de la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter, y el Defensor Nacional, Carlos Mora. Asimismo, en el documento se afirma que solo en el año 2020 el número de imputados inmigrantes creció en un 135,8% en comparación con el año anterior y bajó el número de víctimas extranjeras en un 21,3%.
De esta forma, en el año 2020 un total de 128.100 personas extranjeras intervinieron en algún proceso penal, de las cuales 66 mil correspondieron a detenidos y 62 mil a víctimas. Eso sí, se puntualiza que en el 60% de los delitos cometidos por migrantes o extranjeros en el año 2020, primer año de la pandemia de coronavirus, estuvo relacionado con la salud pública, en un periodo marcado por las medidas sanitarias.
El 45% de los detenidos en el año 2020 fueron personas de nacionalidad venezolana y peruana. En la lista también figuran chinos, brasileños y argentinos. En tanto, el 48% corresponde a víctimas provenientes de Venezuela y Perú.
En el desglose se grafica que, en 2020, la Región Metropolitana concentró más del 56% de los detenidos migrantes y extranjeros; seguida de Tarapacá, con 17%; y Antofagasta, con 11%.
En el caso de los detenidos, el 76,8% correspondió al sexo masculino y el 23,2% al femenino; mientras que en las víctimas, el 55,1% se identificó con el sexo masculino y el 44,9% con el femenino.
Por otra parte, un 13% se vinculó a “delitos de leyes especiales”, los que incluyen violencia intrafamiliar, control de armas y delitos informáticos contemplados en la Ley de Bancos. En cuanto a las víctimas, el 22% sufrió robos y el 11% delitos contra la libertad e intimidad de las personas.
El documento da cuenta del incremento en las detenciones de personas venezolanas. En 2016 representaban solo el 0,1%, mientras que en 2020 alcanzaron el 22,4%, superando a las personas provenientes de Colombia y Bolivia.
Según el documento, en cuanto a la distribución de delitos para detenidos de nacionalidad extranjera, se aprecia que en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 la mayor relevancia fue para los mismos grupos de delitos: de la Ley de Drogas, de la Ley de Tránsito, de leyes especiales y contra la propiedad.
Sobre el número de víctimas, entre los años 2016 y 2020, esta creció en 67%, aunque en los últimos dos años bajó un 21%.
Respecto de la nacionalidad, en 2016 las personas provenientes de Perú, Colombia, Argentina y Bolivia destacaban entre las principales víctimas. Sin embargo, en 2020 las personas de nacionalidad venezolana encabezaron el listado, seguidas de los originarios de Perú, Colombia y Haití.
Fiscal Jorge Abbott: Bandas criminales estigmatizan a migrantes
En la presentación del documento, el fiscal nacional, Jorge Abbott, señaló que “el crimen organizado internacional que pretende penetrar en nuestro país con bandas integradas por delincuentes violentos provenientes de otros países está siendo investigadas y perseguido con especial prioridad por la fiscalía bajo el sistema de focos investigativos, de análisis criminal y también patrimonial en un trabajo exhaustivo que estamos realizando y llevando adelante con ambas policías, con el fin de desmantelar dichas organizaciones, que no solamente producen un daño y un efecto en la comunidad nacional, sino que también estigmatizan a los migrantes que muchas veces vienen a nuestro país a buscar un mejor destino, vienen a ser un aporte real”.
El jefe de la fiscalía afirmó que “los migrantes son un grupo especialmente vulnerable, dentro de otros grupos vulnerables que forman parte de nuestra comunidad. Muchas veces deben enfrentar escenarios que complican su adecuada integración social. Si ya para un chileno enfrentarse a la justicia es un proceso complejo, para un migrante, un extranjero, sin mayores redes de apoyo y con desconocimiento muchas veces conocimiento del idioma, puede llegar a ser casi una odisea. Ahí tenemos un espacio, una obligación como Estado que cumplir”.
En ese sentido, afirmó que “no obstante estos extranjeros sean víctimas o imputados sus derechos deben ser resguardos, como también que no sean objeto de actuaciones discriminatorias o arbitrariedades, como suele ocurrir”.
El boletín completo se puede revisar acá.
