Funcionaria del Poder Judicial será formalizada por encubrir a sospechoso del asesinato del carabinero Florido

Uno de los coletazos que ha surgido a propósito de la fuga del peoneta Juan Israel González Quezada (23), principal sospechoso del homicidio del suboficial mayor David Florido Cisternas (33) ocurrido hace exactamente una semana, tiene en la mira a una funcionaria del Poder Judicial.

Antecedentes recopilados por el OS-9 de Carabineros y la Fiscalía Sur dan cuenta de que una encargada de sala del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago habría mantenido oculto al imputado durante al menos dos o tres días posterior a que ejecutara el disparo que terminó con la vida del suboficial.

La mujer, quien ha sido interrogada en más de una ocasión por la policía, en principio negó saber lo que había hecho el sujeto con quien mantendría una relación sentimental. Sin embargo, durante las últimas horas habría reconocido haberlo mantenido oculto en un domicilio del sector norte de la Región Metropolitana. González Quezada, quien cumplía el beneficio de la libertad condicional ordenada por la Corte de Apelaciones de Santiago, habría eludido la justicia con la ayuda de esta funcionaria judicial y de un amigo, que lo mantuvo alejado de la capital durante unos días en un domicilio de la Región de O’Higgins.

Sin embargo, en las últimas horas, el sospechoso habría retornado a la capital y fue aprehendido por personal policial en la comuna de Colina. Este sábado pasará a control de detención y será formalizado como autor del homicidio del suboficial mayor Florido. Asimismo, a sus ayudistas se les atribuirá el encubrimiento de este crimen, por las maniobras tendientes a evitar que González enfrentara a la justicia.

La indagatoria está a cargo del fiscal jefe de Delitos Violentos Christian Toledo, quien encabezará la audiencia virtual en que se solicitará la prisión preventiva del imputado.

Junto con esto se revertirá el beneficio otorgado por el tribunal de alzada capitalino en diciembre del año pasado cuando se acogió un amparo. Su defensa, en esa oportunidad, alegó en contra de la Comisión de Libertad Condicional que pese a cumplir con los requisitos objetivos de la ley no quiso, en primera instancia, dar esta prerrogativa al antisocial, tras apuntar a informes de Gendarmería que alertaban que el joven aún no estaba listo para reinsertarse socialmente y que habían serios riesgos de volver a cometer un delito si volvía a las calles, tal como sucedió.