El viernes 31 de diciembre, cuando un grupo de representantes de la toma de la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se reunió con tres consejeros de la institución, se acordó que, tras emitir una respuesta al petitorio, los ocupantes permitirían el retiro de los documentos de mayor importancia, principalmente los de la Comisión Valech, que permanecen en el inmueble.
El hecho se concretó la mañana de hoy, luego de que el consejo enviara la noche de ayer una respuesta formal al petitorio tras sostener una reunión de sus miembros durante la tarde.
Según confirmó el INDH, seis fueron los funcionarios que llegaron a la sede ubicada en Eliodoro Yáñez 832 a retirar los documentos relevantes para las víctimas de violaciones a los DD.HH., ya sean relacionados con la dictadura o el estallido social del 18 de octubre. Cabe señalar que la toma cumplirá seis meses el 8 de enero y que el 21 de diciembre los voceros anunciaron que sería definitiva.
La documentación rescatada será llevada hasta el edificio Valech, en la misma comuna de Providencia, lugar que hoy ocupa la plana mayor del INDH para su trabajo. De todas formas se espera que parte de los papeles sean destinados al Museo de la Memoria, donde se encuentran todos los documentos relacionados con las violaciones de los derechos humanos en dictadura.
La carta de cambio
Sin embargo, la entrega de información no significa que los ocupantes de la sede hayan recibido conformes la respuesta que el consejo les hizo llegar ayer.
La respuesta desde el consejo indica que “este Consejo ha iniciado hace algunas semanas un debate riguroso acerca de la eventual calificación de crímenes de lesa humanidad del conjunto de gravísimas violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto de la crisis social, cuestión que incluye, entre otros elementos, la apreciación sobre el carácter sistemático que pudieran tener o no tener las acciones que provocaron tales vulneraciones”, indica el documento al que tuvo acceso La Tercera.
En relación al informe que emitió el INDH sobre las situaciones que se desarrollaron en la crisis social, dice que “no cabe duda de que probablemente la información sobre los graves hechos ocurridos es más amplia que lo que el Instituto y otras organizaciones hemos sido capaces de recoger, de allí que coincidimos en que esta sigue siendo una tarea en proceso y que deberán abordarse nuevas iniciativas que permitan concluirla”, se indica.
Sobre la petición de reparación, la institución hace una precisión, donde indica que “no le corresponde al INDH ejecutar las medidas y políticas concretas en esta materia. Sin perjuicio de la colaboración que podamos prestar, es el Estado y sus organismos e instituciones el que debe hacerse cargo de definirlas y ejecutarlas”. Se agregó que “al INDH le corresponde exigir con todas sus fuerzas que ello ocurra y así lo hemos hecho planteando la necesidad de una política integral de reparación a la que se destinen los recursos humanos y materiales que sean necesarios”, indicó el documento.
Fuentes cercanas a la institución, indican que los consejeros Yerko Ljubetic, Debbie Guerra y Branislav Marelic, quienes están a cargo de la negociación, no tienen una fecha próxima para continuar con el proceso de diálogo.
También aseguran que, desde los voceros de la ocupación, conformado por la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) no quedaron satisfechos con la respuesta a sus demandas, lo que peligraría la continuidad de negociación.