Durante la noche de este martes, la Fundación Democracia Viva se refirió a los cuestionamientos por los convenios firmados entre la entidad, el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y expuso el trabajo realizado en la Región de Antofagasta con los campamentos.
La polémica en torno a la fundación comenzó el viernes pasado a través de una publicación de un medio regional de Antofagasta, lo que levantó las alertas en La Moneda. La información entregada daba cuenta de convenios del Serviu con esta, por un total $ 426 millones, los que habían sido visados por la Seremi de Vivienda de la región -encabezada, hasta ese entonces, por el militante de Revolución Democrática (RD) Carlos Contreras- con la fundación Democracia Viva, cuyo representante legal es el también militante de ese partido Daniel Andrade, pareja de la diputada y vicepresidenta de la Cámara, Catalina Pérez (RD).
A través de su cuenta en Twitter -y luego del anuncio de la Fiscalía regional de iniciar una investigación de oficio por estos convenios- la fundación afirmó que “se nos ha cuestionado en los últimos días por los tres convenios firmados entre la fundación, Serviu y el Minvu de Antofagasta”.
En esa línea, aseguraron que durante el último trimestre de 2022 trabajaron en 10 campamentos de la región con trabajo en terreno “que busca la participación ciudadana en la toma de decisiones y mejorar la habitabilidad en campamentos”. Detallaron que los objetivos de los convenios 504 y 576 -que implican $ 200 millones y $ 170 millones, respectivamente- son para el acompañamiento a la comunidad en la ejecución de obras relacionadas a seguridad y salubridad. Instalación de luminarias e implementación de medidas para mitigar amenaza de incendios, entre otras y que se desarrollará hasta febrero de 2024.
En su mensaje, pormenorizaron que el convenio 641 -con una inversión de $ 56 millones- “se enfoca en levantamiento y diagnóstico territorial de campamentos recientemente catastrados por Serviu, así como en la implementación de planes de prevención en el área. Este convenio tendrá una duración de 12 meses, finalizando a fines de enero de 2024″.
Añadiendo capturas de pantalla de informes financieros y técnicos, afirmaron que de los documentos 504, 576 y 641, se ha rendido un 27% de los montos utilizados a mayo de 2023 y que los avances por objetivos de los trabajos acumulan entre un 30% y un 47% de avance.
“Cabe mencionar que los convenios están sujetos a devolución por no cumplimiento. La fundación mantiene el total de los recursos transferidos y no utilizados aún en la cuenta corriente, como muestran las conciliaciones bancarias y extractos presentados en la rendición de cuentas”, añadió Democracia Viva.
Sumado a las fotografías de sus trabajos y visitas en terreno, afirmaron que “actualmente ya están terminadas tres estaciones seguras para atacar incendios e iluminar los campamentos, tres redes húmedas para llevar agua y contribuir al combate de los incendios en territorios de difícil acceso para Bomberos”, tras la ejecución de los convenios 504 y 576.
En ese sentido, se defendieron de los cuestionamientos destacando que “Democracia Viva ha entregado mensualmente los informes técnicos y financieros en el plazo estipulado en los convenios. Todos los gastos realizados cuentan con la aprobación previa por parte del Serviu y las rendiciones, con la supervisión por parte de las autoridades responsables”.
Asimismo, añadieron que “condenamos el acoso que han sufrido nuestras colaboradoras y la exposición de sus redes y vidas privadas. Ninguna operación política justifica la violencia. Seguimos trabajando por mejorar la vida de las familias y ampliar la base social de la democracia”.
