El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, abordó este viernes la detención de Tomás Antihuen, implicado en el asesinato de tres carabineros en abril de 2024 y, además, destacó la gestión del gobierno en controlar los hechos de violencia ocurridos en las regiones del Biobío y La Araucanía, denominadas como Macrozona Sur.

El secretario de Estado se refirió a la captura de Antihuen, sindicado como autor material e ideólogo del homicidio de los tres carabineros de Los Álamos que fueron emboscados, baleados y quemados en vísperas del 27 de abril de 2024 en Cañete, Región del Biobío. El sujeto tendrá su audiencia del control de detención este sábado desde las 9 de la mañana en el Juzgado de Cañete.

En conversación con 24 Horas, Gajardo señaló que “esta es una gran noticia para el país, para nuestro sistema de justicia, para la investigación que está en curso. Esta era una persona de las que estaba prófuga, y es muy importante la señal que se están dando”.

“El Presidente lo dijo hace un año, que no se iba a descansar hasta que ninguna persona quedara sin enfrentar a la justicia”, agregó.

Requerido si este crimen marcó un nuevo quiebre en los episodios de violencia en la zona, el titular de Justicia destacó que “sí, efectivamente. Lo dijo el gobierno. Este es un crimen horroroso, donde hubo una gran violencia, en que se utilizó de manera despiadada en contra de tres funcionarios policiales, y por lo mismo, que la justicia haya podido capturar a este prófugo –reiteró- es una gran noticia”.

“Este es un mensaje clarísimo: una persona que comete un delito de esta gravedad no va a quedar impune. El Estado de Chile no va a dejar impune ningún delito de esta gravedad y se va a encontrar a cualquier persona que esté involucrada en estos delitos, esa es la potencia de este mensaje”, destacó.

Durante la conversación, Gajardo también fue consultado respecto a si considera este delito como de carácter terrorista, respondiendo que “sí, además que el gobierno lo ha dicho de manera muy clara”.

En esa línea, el ministro nombrado el 17 de octubre de 2024, destacó la disminución de los hechos de violencia en la Macrozona Sur desde la asunción del gobierno de Gabriel Boric. Con todo, la zona ha vivido bajo constantes estados de excepción constitucional.

“La política del gobierno en esta materia en los últimos tres años ha logrado disminuir una situación que se encontraba con un alza en los delitos en la Macrozona Sur como se le denomina, y eso es clarísimo. Hoy, en la zona, la situación es mucho mejor que la que teníamos hace tres años y eso ha sido por la acción del Estado que se ha desplegado con distintas modalidades”, sostuvo Gajardo.

Entre ellas mencionó las mejoras en la infraestructura para Carabineros, los estados de excepción constitucional que permiten el despliegue militar, y con “mayor presencia del Estado, y eso lo hemos hecho en los últimos tres años, para quienes dicen que las prioridades del gobierno no han estado en seguridad”.

“Hoy hemos tenido una disminución importante de hechos de violencia, con hechos gravísimos y terribles como el que tuvimos el año pasado, sin embargo, no solo hemos logrado disminuirlos, sino que además estamos logrando capturar a aquellas personas que comenten estos delitos”, aseguró.

En ese sentido, afirmó que “los discursos se tienen que ir adecuando a las realidades” respecto a las reticencias del actual gobierno por la aplicación de los estados de excepción en la Macrozona Sur.

Durante la conversación, también fue requerido por la filtración del informe de Contraloría que cuestionó la eficiencia de los inhibidores de señal en las cárceles del país donde se ha aplicado, lo cual, de acuerdo a la autoridad “compromete la seguridad nacional”.

“El riesgo es evidente y nuestro ordenamiento jurídico es muy claro. El artículo 27 de la Ley Orgánica de Gendarmería establece que son secretos un conjunto de elementos, dentro de los cuales está, por cierto, la operación de cualquier sistema de seguridad dentro de Gendarmería, por seguridad nacional. Yo no estoy poniendo ninguna palabra distinta a la que dice la ley, es decir, la operación dentro de los recintos penitenciarios, en materia de seguridad, es secreta, por motivos de seguridad nacional”, manifestó.

“Eso significa que todas las autoridades que reciben información en este aspecto tienen el deber de resguardar la información, porque divulgarla es un problema de seguridad nacional”, reiteró.

En esa línea, detalló que es un texto del ente contralor es reservado y que se entregó a un número limitado y conocido de personas, entre ellas del fiscal nacional, Ángel Valencia; al ministro de Justicia; al subsecretario de Justicia (Ernesto Muñoz), al director nacional de Gendarmería (Sebastián Urra) y a los parlamentarios que hicieron el requerimiento, Sergio Bobadilla, Juan Fuenzalida, Fernando Bórquez, Juan Antonio Coloma y Henry Leal, todos ellos militantes de la UDI.

“Que se filtre es grave, porque es un problema de seguridad nacional. Respecto a lo otro, el sistema está funcionando. Si se revisa bien el informe, lo primero que descarta es lo que planten los diputados que pidieron el informe. Dice ‘este sistema inhibe la señal 2G, 3G, 4G, 5G y en general, la telefonía celular. Lo dice expresamente”, destacó.

“Luego el informe señala un conjunto a desafíos que tiene gendarmería para controlar mejor el sistema”, afirmó Gajardo, señalando que el texto, aborda días y situaciones puntuales en que el sistema no funcionó correctamente, sugiriendo sanciones a la empresa proveedora y entregando observaciones para evitar vulneraciones de los reos al interior de las cárceles.

A modo de balance, el titular de Justicia señaló que el sistema de inhibición funciona y ha bloqueado más de 30 mil teléfonos celulares y más de 50 mil tarjetas IMSI. “El sistema está permanentemente bloqueando”, señaló.