Ayer, 10 presos de cárceles de Santiago anunciaron que comenzaban una “huelga de hambre líquida indefinida”. El fin de la medida es derogar Artículo 9 del Decreto Ley de 321 y la restitución del Artículo 1 de libertad condicional. La mayoría de los reos que comenzó con la medida han sido imputados o condenados por casos relacionados a artefactos explosivos.

Según un comunicado entregado por los reos, la huelga busca que “la libertad condicional vuelva a ser un derecho adquirido de la persona presa y no un beneficio como hoy lo estipula la ley, transformando permanentemente en función de la razón de Estado, para mantener secuestrados a quienes luchan contra la normalidad de lo existente”.

Además, buscan la liberación de “presos subversivos, presos de la revuelta y por la causa mapuche”.

Entre los presos que adhirieron a la causa, están Mónica Caballero y Francisco Solar, quienes fueron detenidos en julio de 2020 acusados del envío de una bomba a la oficina en Quiñenco en que trabaja el ex ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, además de, según la indagatoria de la fiscalía, la colocación de otros tres artefactos explosivos.

La pareja, saltó a la palestra en 2010 cuando fueron acusados, y luego absueltos, en lo que se denominó el caso Bombas I, luego que la justicia sostuviera que el Ministerio Público no había acreditado su participación en los hechos y cuestionara infracciones de garantías de algunos de los indagados. Solar se encuentra hoy en la Cárcel de Alta Seguridad y Caballero en la Cárcel Femenina de San Miguel.

También está en el listado Juan Flores, condenado por la colocación del atentado explosivo en el Subcentro de Escuela Militar en 2014. Asimismo, se sumó Marcelo Villarroel condenado por robo al Banco Security y por la muerte del cabo de Carabineros Luis Moyano. Juan Aliste Vega , condenado por el mismo delito, también apoya la huelga, pero no sumará por motivos de salud.

La lista también la componen Pablo Bahamondes Ortiz, José Ignacio Duran Sanhueza, Tomas González Quezada y Gonzalo Farías Barrientos, Joaquín García Chanks y Juan Flores Riquelme.

Con estos antecedentes, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli se refirió a esta huelga de hambre, donde los presos rechazan la entrega de suministros fiscales.

“Ya parece que es recurrente esto de que aquellas personas que quieren, por cualquier razón, ser impunes por los delitos que han cometido al denominarse presos políticos”, dijo Galli, y continuó: “Vimos cómo una persona que está privada de libertad por haber asesinado a un senador en democracia, por haber secuestrado y torturado a una personas en Brasil. Se quiso denominar preso político por las motivaciones que lo llevaron a cometer esos delitos. Mauricio Hernández Norambuena no es un preso político, es un preso común y está preso por asesinato”.

“Y aquí pasa algo similar, las personas que se declaran en huelga de hambre, cualquiera sea su motivación, están privadas porque están o acusadas, formalizadas o condenas por colocación de artefactos explosivos. Mónica Caballero y Francisco Solar están presos acusados por colocar bombas, detrás de una bomba no hay ideas políticas, detrás de un bomba hay la intención de causar daño, la intención de matar”, añadió.

“Por lo tanto, esas personas que están presas por colocación de artefactos explosivos, lo están por los delitos más graves que puede cometer en nuestra sociedad y no por sus ideas políticas, cualquiera que estas sean”, remató Galli.