Ayer se conoció que la Corte Penal Internacional (CPI) desestimó un requerimiento ingresado contra el Presidente Sebastián Piñera por su supuesta responsabilidad en delitos de lesa humanidad registrados en el marco del estallido social.
El escrito fue ingresado en abril de este año por el exjuez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH) y otras dos organizaciones. Así las cosas, ayer la Cancillería detalló un comunicado del organismo, donde se afirma que se “descarta fundadamente que existan antecedentes sobre situaciones que puedan ser consideradas delitos sobre los que la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción, concluyendo que las situaciones que le han sido comunicadas carecen del mérito necesario para abrir un examen preliminar de las mismas”.
“La oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional ha notificado al Estado de Chile su decisión de no iniciar un examen preliminar respecto de las alegaciones formuladas sobre los hechos que tuvieron lugar en el marco de las protestas que ocurrieron en Chile en 2019″, se agrega.
Y hoy, al ser consultado, el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, destacó la decisión del organismo internacional. “Lo que esta decisión confirma es que las instituciones en nuestro país funcionan, los tribunales de justicia están funcionando y por eso mismo nosotros como gobierno y el Estado de Chile va a seguir obviamente llevando adelante las investigaciones que correspondan para denuncias en nuestro país. Y serán los tribunales de justicia los que tengan que resolver la responsabilidad por estos hechos”.
En esa línea, profundizó: “De lo que da cuenta la comunicación de la fiscalía de la Corte Penal Internacional es que en Chile no había una política de Estado dedicada a cometer delitos en contra de la ciudadanía, ni por parte de las instituciones policiales ni por parte del Estado de Chile, sino que en Chile las instituciones funcionan. Y de haber habido alguna denuncia de abuso policial, de haberse cometido algún hecho que pueda ser vulneratorio de los derechos de las personas, lo que corresponde es que sean las instituciones dentro del país las que investiguen”.
“Pero no solo eso, además lo que dice la corte es que Chile tomó las medidas adecuadas en su momento, permitió que organismos internacionales vinieran a observar lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Además, se llevaron adelante comisiones investigadores en el Congreso y se iniciaron investigaciones penales. Incluso la fiscalía reconoce que los propios carabineros llevaron adelante investigaciones respecto de su personal y que más de 190 funcionarios han sido sancionados como consecuencia de haber cometido infracciones en los días posteriores al 18 de octubre”, cerró.