García (RN) y Walker (Demócratas) bajo asedio: desconfianzas y críticas por mala asesoría y conducción errática arrecian contra mesa del Senado

Su semana más compleja en la presidencia del Senado tuvo estos días José García Ruminot (RN) a propósito de la votación por la ley corta de isapres y también por la discusión del proyecto sobre reglas de uso de la fuerza (iniciativa paralela a la que está tramitando la Cámara).

La actual mesa de la Cámara Alta -integrada por el senador García (RN), su vicepresidente, Matías Walker (Demócratas) y el secretario general, el abogado Raúl Guzmán (funcionario de confianza de la corporación)-, fue protagonista de episodios inéditos o al menos poco usuales: nunca antes se había votado un acuerdo de jefes de comités en la sala y nunca antes un acuerdo de la misma reunión de jefes de comités (que conduce siempre el presidente del Senado) había sufrido una quitada de piso tan brusca por la unanimidad de los senadores presentes.

Por ambos episodios, García, Walker y Guzmán fueron criticados ácidamente por las bancadas oficialistas, desde donde remarcaban una falta de confianza en su conducción, al tiempo que les criticaban decisiones erráticas y desconocimiento del reglamento del Senado.

La jefa de bancada del PC, Claudia Pascual, si bien dijo que no tenía problemas personales con García ni Walker ni Guzmán, agregó que el episodio se sumaba a otras “interpretaciones amañadas”, en referencia a los argumentos que dio la oposición para romper el pacto administrativo, que bloqueó la llegada del senador Pedro Araya (PPD) a la presidencia del Senado.

La jefa de los senadores DC, Yasna Provoste, también dijo tener estima por el presidente de la Cámara Alta y centró su crítica en la mala asesoría de parte del secretario de la corporación. “Lo que se ha hecho es transgredir el reglamento del Senado, aquí hay un ministro de fe (el secretario), que no está cumpliendo su rol”, dijo.

Críticas por la interpretación del reglamento también expresaron, el miércoles en la sala, el presidente del PPD, Jaime Quintana, y el senador y exvicepresidente del Senado, Francisco Huenchumilla (DC).

Ante los cuestionamientos, el mismo secretario Guzmán hizo uso de su derecho a réplica en la sala y expresó que lamentaba las expresiones sobre interpretaciones torcidas. En esa línea dijo que sus actuaciones estaban respaldadas por el reglamento de la corporación.}

En todo caso en defensa de la actuaciones de la mesa salieron los senadores Juan Antonio Coloma (UDI) y Ximena Rincón (Demócratas).

Los problemas para la mesa de García, Walker y Guzmán comenzaron el martes. Ese día estaba en tabla la votación del proyecto sobre reglas de uso de la fuerza (que establecen un protocolo para militares y policías respecto de cómo deben usar su armamento). Sin embargo, como el debate de otras iniciativas que estaban en tabla se alargó, varios senadores comenzaron a retirarse creyendo que ya no se votaría el proyecto sobre uso de la fuerza.

El problema es que el oficialismo y el gobierno comenzaron a presionar para que se votara. En respuesta, la oposición propuso trasladar la votación al miércoles debido a las ausencias.

El mismo García admitió en sala que el senador Huenchumilla (DC) le preguntó si se votaría y le dijo que no, por lo que el legislador falangista se retiró confiado en que no habría votación. Por ello, el mismo presidente del Senado admitió estar complicado, ya que estaba su palabra en juego, si se votaba el proyecto de reglas de uso de la fuerza.

Dado que la presión oficialista no cedió, la mesa del Senado, aparentemente por recomendación de Guzmán, realizó una votación de los jefes de comités en la misma sala. Por lo general, las deliberaciones de los jefes de comités se dan a puertas cerradas, pero no en el mismo hemiciclo, menos con los otros senadores observando pasivamente cómo votan los representantes de sus bancadas.

Al final, con una mayoría, se acordó trasladar la votación sobre reglas de uso de la fuerza para el miércoles.

El hecho molestó al gobierno y al oficialismo, donde sospechaban que era una maniobra dilatoria para no votar la ley corta de isapres, que ya estaba fijada para el miércoles, por lo tanto, al poner una nueva iniciativa en la tabla de ese día se ponía en riesgo el plazo para sacar esta reforma del sistema de salud, cuyos efectos ya deben estar en vigencia antes del 12 de mayo (según la fecha límite fijada por la Corte Suprema en la que las isapres deben proceder a la devolución de excedentes as afiliados).

Las suspicacias de la alianza de gobierno tenían un sustento, pues la derecha pretendía llevar este proyecto sobre isapres a la Comisión de Salud, donde son mayoría, para ganar tiempo y mejorar su posición de negociación ante la premura del Ejecutivo.

Por ello, el martes, las críticas del oficialismo se centraron especialmente en García y el secretario de la corporación, dada la fórmula innovadora que habría sugerido para votar en la misma sala y salir del embrollo.

No obstante, al día siguiente (el pasado miércoles), las tensiones continuaron. Dado que la derecha materializó su solicitud para que la ley corta de isapres se viera en la Comisión de Salud, se convocó a una reunión de comités para resolver esta petición, que si se llegaba a aceptar inevitablemente iba a retrasar en una semana la discusión de la ley corta. ¿La razón? La próxima semana no hay trabajo legislativo (“semana regional”, en la que los legisladores se trasladan para sostener actividades en sus territorios), por lo tanto, las sesiones se iban a reanudar en la primera semana de mayo.

Según algunas versiones, la bancada de la UDI era la más firme en la exigencia de que el proyecto se viera en la Comisión de Salud. No obstante, tras estar dos horas reunidos, los comités -cuyo encuentro fue conducido por García- acordaron citar a sesión extraordinaria de la Cámara Alta el martes 30 de abril, interrumpiendo la “semana regional”. La idea era lograr una fecha intermedia para permitir que la Comisión de Salud viera el proyecto, entre este jueves y el lunes, para votar el próximo martes.

Esta solución intermedia, sin embargo, no agradó a la UDI, que no suscribió el acuerdo de los comités.

Si bien la disidencia gremialista no era impedimento, el hecho de sesionar el próximo martes no consideró otros factores prácticos. El 30 de abril es la víspera del Día del Trabajo, un feriado obligatorio que inevitablemente afecta servicios de comercio y de transporte. Además, muchos senadores de zonas extremas iban a tener que ir al Congreso solo por un día y, en vista de estas complicaciones, probablemente algunos iban a tener que quedarse hasta el jueves en Valparaíso o Santiago.

Con todas esas variables sobre la mesa, incluida la disidencia de la UDI, que había sido la que pedía aplazar la votación de la ley corta, varios senadores comenzaron a expresar en la sala sus reparos en contra del acuerdo de comités.

“El acuerdo al que están llegando, no lo entiendo”, dijo el senador Rojo Edwards (independiente de derecha), quien fue el primero en expresar su molestia por lo acordado.

El oficialismo aprovechó ese ruido y retomó la presión para que la ley de isapres se votara el mismo el mismo miércoles.

“Acá hay senadores que no van a estar (el próximo martes)... Esta solución a mitad de camino, es una mala solución, demuestra una mala fe. No veo buena onda”, expresó el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), quien cuestionó que esta era una muestra de la “nueva mayoría” que está ejerciendo la derecha para imponerse ante el oficialismo.

Al final, en un hecho que pocos recuerdan en el Senado, la misma sala revirtió, en votación unánime, el acuerdo de las jefaturas de bancadas y la ley corta de isapres se votó el miércoles.

Si bien por el episodio del día martes, algunos concentraban sus críticas en el secretario, este segundo incidente del miércoles salpicaba directamente al presidente del Senado, en vista que es él quien debe mediar y congeniar posiciones en la reunión de comités (donde cada fuerza política lleva sus propios intereses). Por lo tanto, si la solución era poco satisfactoria para el colectivo, la responsabilidad inevitablemente recaía en quien preside el encuentro en la búsqueda de una salida.

Consultada por La Tercera, la senadora Pascual (PC) atribuyó todo lo ocurrido a las secuelas del quiebre del pacto administrativo: “El problema tiene que ver con restituir confianzas. Eso se restituye con una conducción que dé garantías a todos los comités. Eso es lo que ha fallado”.

El senador Iván Flores (DC), no obstante, expresó un matiz. “Hay que reconocer que ha habido algunos problemas que generan tensión. Nadie nace sabiendo cómo conducir una organización compleja como lo es una de las cámaras del Congreso. Hay una responsabilidad de la secretaría general, con la asesoría, el apoyo que debe dar a una mesa que es nueva. Creo que la voluntad de fair play y la caballerosidad, tanto del presidente (García) como del vicepresidente (Walker), compensan en parte los problemas”.