Tras una investigación periodística que reveló irregularidades y gastos discrecionales en el uso de recursos recibidos por integrantes del alto mando de Carabineros de Chile desde 2008 y hasta la actualidad, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, sostuvo que "no es posible tolerar ni seguir avalando hoy en día mecanismos de control insuficientes con este gasto público que abren la puerta a faltas a la probidad".
"La ciudadanía demanda mayor transparencia en el uso del gasto público y en la rendición de cuentas, por eso necesitamos mayores controles sobre el uso de los gastos reservados y reducción de su discrecionalidad, aumentando controles políticos y de órganos como la Contraloría General de la República", dijo el titular de Transparencia.
El representante del CPLT planteó también la necesidad de "fortalecer el proyecto de ley actualmente en tramitación, sobre información y rendición de cuentas en materia de gastos reservados". Esta iniciativa fue ingresada a principios de enero de 2019 por el Ejecutivo y persigue regular la rendición de cuentas de los gastos reservados que presentan ciertas instancias y reparticiones del área pública.
En esta línea aparecen entre las propuestas planteadas por el Consejo: el fortalecimiento de la gestión documental que permita dejar constancia -con carácter reservado- de las operaciones que se realicen; el establecimiento de un plazo máximo para la prohibición de divulgar este tipo de información; la entrega de antecedentes públicos sobre las características generales y alcance de los gastos y los responsables de su utilización; y la obligación para todo el alto mando de efectuar una declaración de intereses y patrimonio en el caso de hacer uso de los recursos.
Drago, insiste que las propuestas lanzadas por el CPLT son medidas que pueden "tomarse ahora ya para abordar la situación que vive la institución de Carabineros y, en definitiva, empezar a ordenar la casa nuevamente".
La regulación de los gastos reservados se remonta sólo al año 2003, con la dictación de la Ley N° 19.863, sobre remuneraciones de autoridades de gobierno y cargos críticos de la Administración Pública y da normas sobre gastos reservados.
La normativa surge de las iniciativas propuestas en el marco del "Acuerdo para la Modernización del Estado", destinadas a establecer mejores estándares de eficacia, probidad y transparencia en la Administración Pública. Previo a la dictación de la mencionada ley, el uso de gastos reservados asignados a algunos ministerios eran destinados al suplemento de remuneraciones de funcionarios públicos, a financiar campañas políticas, y otros fines ajenos al ejercicio de la función pública.
