El 27 de abril pasado, la fiscal Centro Norte Macarena Cañas -quien investiga una presunta malversación de caudales públicos en los gastos reservados de Carabineros- recibió un informe de la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI. El escrito tenía un resumen del estado en que se encontraban todos los requerimientos de información que el Ministerio Público había realizado a la policía uniformada.
El documento, de 15 páginas, da cuenta que nueve solicitudes se encuentran sin respuesta o fueron entregadas con información parcial. Así, por ejemplo, cuando Cañas ofició a la Dirección de Finanzas de Carabineros solicitando la documentación electrónica interna sobre gastos reservados, enviada a la Dirección de Drogas e Investigación Criminal y a la Dirección de Inteligencia entre 2007 y 2017, la policía uniformada se comprometió a que "en el evento que logren identificarse algunos documentos que darían cuenta de esta materia, se solicitará su impresión desde dicho sistema y se remitirán oportunamente".
Eso, hasta el momento en que se elaboró el informe, no había ocurrido.
Otro antecedente que el Ministerio Público aún no tiene en su poder son las minutas ordinarias o reservadas enviadas al general director por asignación de gastos reservados entre 2005 y 2017. De este requerimiento, la policía uniformada ha entregado dos minutas reservadas. Por esto, la PDI la consideró como "respuesta parcial".
Esta misma situación se repitió cuando el Ministerio Público requirió información sobre los antecedentes enviados por Carabineros a Contraloría respecto de la rendición de los gastos reservados.
La policía uniformada respondió que cuando se buscó el material en el Departamento de Finanzas, "no se encontraron antecedentes pertinentes".
Al finalizar el informe, la PDI indicó que "se hace hincapié en relación al requerimiento del punto en que se sugiere solicitar las cartolas bancarias asociadas a las cuentas corrientes relacionadas con gastos reservados, en moneda nacional y extranjera".
Carabineros, consultado por estos hechos, indicó que no podrán referirse a esta situación por tratarse de una investigación vigente. Además, aclararon que el uso de los gastos reservados se encuentra estipulado en la legislación.
Alzamiento bancario
La fiscal Cañas ha buscado por diversas vías establecer cómo fue el destino que se dio a los gastos reservados en la policía uniformada. Así fue que el 28 de febrero la persecutora acudió al Séptimo Juzgado de Garantía para solicitar el levantamiento del secreto bancario de dos cuentas corrientes asociadas a la Dirección General de Carabineros.
La primera, del BancoEstado, tiene el nombre "Digcar adm caja gast sec y reser". La segunda, de la misma entidad, maneja moneda extranjera. Cañas argumentó su petición indicando que Carabineros no realiza un balance del movimiento de estos fondos, por lo que resulta difícil rastrearlos.
El tribunal accedió a la petición de la fiscal, que abarcó un período que va desde el 1 de enero de 2007 hasta febrero pasado.
