La jueza titular del 14o. Tribunal de Garantía de Santiago, Cecilia Toncio, decretó la medida cautelar de 70 días de prisión preventiva para el gendarme Héctor Palma, por el delito de apremios ilegítimos y tortura, al no actuar a tiempo para evitar los golpes contra dos ciudadanos ecuatorianos en la cárcel Santiago Uno.

De esta forma, la magistrado accedió a la petición de la persecutora Marcela Adasme, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, quien argumentó que el funcionario representa un peligro para la sociedad, debido a su actuar negligente, que es lo que se tratará de probar durante la investigación.

Cabe señalar que Jhonatan Chávez (21) y Cristián Romero (20) sufrieron aplicación de corriente y fueron golpeados por otros internos dentro del penal, tras ingresar al recinto por el asesinato de Margarita Ancacoy (40) esta semana en el centro de Santiago.

La persecutora solicitó la medida de prisión preventiva y pidió una pena de entre cinco años y un día y diez años.

"Parece totalmente inconcebible que en 40 minutos el gendarme no haya escuchado ni haya visto nada que le llamara la atención, al momento de la agresión y los apremios ilegítimos", dijo la fiscal.

Por su parte, Carlos Sánchez, defensor privado del funcionario carcelario, señaló que "él salvó la vida a los imputados, arriesgando su propia integridad física. De hecho, salvaguardó los derechos humanos de ellos".

El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), Patricio Baquedano, dijo que no se descartan movilizaciones "por el abandono en que nos tiene la dirección nacional y el Ministerio de Justicia" a propósito de la imputación del sargento segundo Palma.

Justificó el malestar de los asociados a la Anfup diciendo que "si no hay una carrera funcionaria en Gendarmería, las cosas no van a andar bien".

Indicó que a nivel nacional hay un funcionario de Gendarmería por cada 150 internos y que de 84 cárceles, 55 están hacinadas. En cuanto a Santiago 1, precisó que tiene una capacidad ideal para 2.700 internos, pero que en la actualidad alberga a 4.000 reclusos.

El Presidente Sebastián Piñera afirmó que nadie tiene derecho a tomar justicia por sus propias manos: "Los que torturaron a estos asesinos también van a tener que asumir su responsabilidad, enfrentar la justicia".