El 10 de abril el ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo que "muy pronto" se enviará el proyecto de ley sobre la conmutación de pena, que se aplicaría para reos que se encuentren con una edad avanzada o que sean enfermos terminales. La iniciativa busca que estas personas puedan terminar sus condenas en sus domicilios, lo que en algunos sectores inquieta por lo que pueda ocurrir con los sentenciados por crímenes de derechos humanos.

En la eventualidad de que el proyecto se convierta en ley, ¿a cuántas personas podría favorecer? Según las últimas cifras que maneja Gendarmería, a las que accedió La Tercera, los enfermos crónicos alcanzan los 3.634, donde casi el 90% son hombres. En cuanto al rango de edad, el tramo más "preocupante" para las autoridades se da a partir de los 75 años. Estos son 110 a nivel nacional, en que 72 cumplen condena en recintos de la Región Metropolitana.

A nivel nacional existe un total de 41.773 reos, por lo que el 8,6% de los internos tiene una enfermedad crónica, por lo que requieren constantes cuidados y en algunos casos medicamentos.

Antecedentes similares también fueron enviados al Senado en noviembre del año pasado. Ahí, Gendarmería informó el número de internos que se encuentran con enfermedades terminales y crónicas, así como los reos que habían fallecido entre 2011 y mediados de 2017 por esta condición.

Así, hasta el primer semestre del año pasado, 13 internos tenían una enfermedad terminal, es decir, padecían algún cáncer avanzado o alguna patología degenerativa. El penal donde más reos enfermos hay es en el centro penitenciario Santiago Sur (ver infografía).

El proyecto de ley del Ejecutivo iría enfocado, primordialmente, a los reos que estén en fase terminal. Así lo adelantó el 15 de marzo el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien señaló que "hay cuestiones humanitarias involucradas que nos debe llevar a tomar decisiones adecuadas (…) El país debe tener una mirada más compasiva de las personas que están sufriendo una enfermedad terminal irreparable, o cuando esta persona no sabe dónde está".

Para el presidente de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, Felipe Harboe (PPD), la eventual conmutación de penas se debe aplicar una diferencia de criterio, dependiendo de la condena que esté cumpliendo el reo.

"No es fácil el tema. Respecto de presos por delitos comunes podría pensarse en una medida así, pero los condenados por delitos de lesa humanidad que no han colaborado con la justicia para el esclarecimiento de crímenes y desapariciones es más difícil pensar en algo así", explicó Harboe.

En tanto, para la senadora Jacqueline van Rysselberghe (UDI) no debe haber diferencias: "Yo creo que tiene que ser la misma regla para todos los internos que estén enfermos terminales, porque las personas que están hoy día en Punta Peuco son personas que la gran mayoría no tenía mando para el gobierno militar y son personas mayores. Es un tema que se tiene que discutir, porque es difícil que una persona que tiene más de 75 años pueda cometer delitos".

El presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, Joe González, indicó que "los enfermos crónicos reciben tratamiento en las unidades penales, pero hay que recordar que no todos cuentan con centros médicos adecuados. Por ende, ante crisis deben ser derivados a los recintos hospitalarios que correspondan. Ahora bien, los recintos carcelarios, por los altos niveles de hacinamiento, no están acondicionados para otorgar una adecuada estadía a enfermos crónicos o adultos mayores".

Fallecidos

Gendarmería también destaca la cantidad de pacientes fallecidos por enfermedades crónicas y agudas, desde 2011 a julio de 2017. En total son 466 los reos muertos por una afección.

El penal donde más decesos se registraron fue en el Centro de Detención Santiago Sur, con 73 casos. En tanto, en Punta Peuco han sido 16 los fallecidos por alguna enfermedad, crónica o aguda.