Gendarmería cifra en 1.282 las bandas criminales al interior de las cárceles: 4 mil integrantes y 600 líderes

La nueva criminalidad y el aumento del crimen organizado en el país no son fenómenos ajenos para Gendarmería. Todo lo contrario, ya que las cárceles son recintos que constituyen un caldo de cultivo para las distintas formas que adopta la delincuencia.

Es por esta razón que de manera continua y permanente la institución debe estar revisando sus protocolos y procedimientos para optimizar su trabajo, con especial atención a organizaciones criminales cuyos integrantes están tras las rejas.

Para estos efectos, desde Gendarmería indican que existe una coordinación y colaboración con otras instituciones del Estado, como parte del Plan Nacional de Seguridad Penitenciaria contra el Crimen Organizado, a través del análisis de datos y levantamiento de información en el ámbito de investigación criminal y la inteligencia penitenciaria.

Según las cifras de la institución entregadas a La Tercera, hay 1.282 bandas criminales debidamente identificadas al interior de las cárceles del país (no necesariamente operativas), con alrededor de 4 mil integrantes y 600 líderes. Esto, a través del Protocolo de Palermo, que establece que dos o tres (o más) personas que se reúnen para cometer un delito son consideradas una banda. Y vale hacer la distinción que no necesariamente califican en la definición de crimen organizado, que exige permanencia en el tiempo y cierta estructura.

Al respecto, el coronel Luis González Báez, inspector operativo de Gendarmería, señaló que la institución realiza un proceso interno de perfilamiento de los internos que pertenecen a estas bandas, especialmente de aquellas que son definidas como organizaciones criminales.

“No todas las personas que entran a la cárcel bajo el perfil de crimen organizado tienen la misma importancia o la misma relevancia al interior de la organización. Y ese perfilamiento nosotros lo vamos trabajando, vamos colocando quienes son más importantes, quienes son un poco menos importantes, y vamos haciendo la distribución a nivel nacional a objeto de mitigar que estas personas puedan reagruparse al interior de los recintos penitenciarios y disminuir la brecha respecto a la comisión de delitos desde el interior de la cárcel”, dijo.

De acuerdo a González, las bandas de crimen organizado de mayor peligrosidad y número dentro de las prisiones nacionales son el Tren de Aragua, de Venezuela, y el Cartel de Sinaloa, de México. De la primera hay unos 50 miembros identificados en el sistema cerrado, mientras que de la segunda, unos 6 integrantes.

“Dentro de ese perfilamiento recabamos datos con el Ministerio Público, con las policías que hicieron las detenciones, también recogimos datos de las unidades de coordinación. Esos datos los podemos cruzar y con el análisis tener un perfil y una caracterización de las personas vinculadas a las bandas”, explicó el coronel.

Bajo este contexto, también se crearon oficinas regionales de Investigación Criminal y hubo un fortalecimiento de las oficinas de Seguridad Interna en establecimientos, además de capacitaciones y profesionalización de funcionarias y funcionarios en esta materia.

Pero además el desarrollo de operativos masivos simultáneos en todo el país, de manera constante, con el fin de retirar elementos prohibidos que atenten contra la seguridad de internos y funcionarios, y con el fin de evitar la comisión de nuevos delitos. Estos operativos se suman a los que se efectúan de manera periódica en cada establecimiento.

Asimismo, se creó la plataforma Sistema de Control Operativo (Sicop), un sistema informático de levantamiento de información -ideado por Gendarmería- que ha permitido desbaratar bandas dedicadas al tráfico de drogas, que operaban desde unidades penales. En diversos operativos, durante este año se han incautado alrededor de 27 mil dispositivos móviles en todo el país.

Según detallaron desde la institución, en 2022 Gendarmería además realizó 181 diligencias investigativas, como organismo auxiliar del Ministerio Público.

Una problemática histórica del sistema penitenciario es la sobrepoblación en las prisiones a nivel nacional, y que se ha visto agudizada durante la última década.

En parte, porque desde 2012 no se había aumentado la cantidad de plazas, pero también porque ha habido un crecimiento exponencial de la población penal. A inicios de 2022 había 41.000 personas privadas de libertad en régimen cerrado, cifra que aumentó a 52.306 según el recuento al 31 de octubre de 2023, lo que implica un aumento de un 28% de la población penal.

Al respecto, el inspector operativo de Gendarmería sostuvo que el aumento de la población penal genera hacinamiento, lo que “facilita la operación de las organizaciones criminales, porque viene el sometimiento y el reclutamiento de personas más vulnerables a las organizaciones”.

Si bien las personas privadas de libertad en régimen cerrado concentran la mayor destinación de recursos, la población total atendida por Gendarmería supera con creces este número: en sistema abierto hay 68.448 personas y en postpenitenciario, 17.037.

En cuanto a la capacidad de las cárceles, a nivel nacional el sistema penitenciario tiene un total de 41.725 plazas, por lo que actualmente hay una sobrepoblación de un 25%.

Para atender a toda la población penal, Gendarmería cuenta con una dotación de 19.685 funcionarios, entre ellos 963 oficiales penitenciarios, 14.039 suboficiales y gendarmes, 4.582 funcionarios civiles y 101 médicos por Ley 15.076.

Para optimizar el recurso humano, explicó el coronel González, se ha apostado por la “automatización y tecnificación de las cárceles”. Para eso, la unidades están incorporando “sistemas de inteligencia artificial, domótica, cercos eléctricos y un montón de barreras electrónicas que nos permitan ir disminuyendo y cada vez colocando menos funcionarios en lo que es especialmente la vigilancia perimetral”.

A esto se suma el Plan de Infraestructura Carcelaria, diseñado en conjunto el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que implica diversas acciones para generar nuevas plazas para la población penal, principalmente a través de ampliaciones en recintos concesionados. Además, este año se inauguró el Complejo Penitenciario Biobío y el Centro Penitenciario Femenino Bulnes, en la Región de Ñuble, y próximamente se concretará la reapertura de otras unidades, en Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá y Río Bueno, en Los Ríos. Durante 2024, además, se pondrá en funcionamiento del Complejo Penitenciario La Laguna, en El Maule.