El 14 de mayo se registró el cuarto intento de motín en un recinto penitenciario de 2020, situación que ha ido escalando en complejidad, desde que se detectaron los primeros casos de contagiados por coronavirus en las cárceles.

La demanda de una salida masiva de todos los internos, y no solo los con menos compromiso delictual, ha ido aumentando el clima de tensión en los complejos carcelarios del país, los que a la fecha tienen a 425 internos contagiados con coronavirus y a 280 gendarmes.

Sin embargo, para el Departamento de Inteligencia de Gendarmería ya habría algunas señales de por qué comenzaron estos intentos masivos de fugas o motines internos, donde la necesidad de salir de los reos de más compromiso delictual iría más allá de las ganas de evitar contagiarse.

Según explicó el coronel Renán Sepúlveda, jefe del Departamento de Inteligencia de Gendarmería, “en las cárceles operan 345 bandas, donde más allá de todas las medidas preventivas que se puedan haber dispuesto, en que nos estamos adelantando a los motines y fugas, hay un apoyo externo, con logística y financiero que resulta determinante para que ellos puedan organizar estos eventos. Acá hay una especie de aprovechamiento de la situación de emergencia para generar estos espacios”.

En ese sentido, el coronel Sepúlveda señaló que “estamos en un proceso de identificar a quienes ejercen el poder sobre otros internos más influenciables para instrumentalizar el miedo al estar contagiado por Covid y así propiciar este tipo de acciones. Por ejemplo, el primer caso positivo que hubo al interior de las cárceles fue el 29 de marzo, y el primer intento de evasión masiva fue el 19 de marzo”.

De total de bandas que operan en los penales, según los análisis de la Inteligencia de Gendarmería, 277 de estas organizaciones -un 65% del total- se dedican al tráfico de drogas y tienen vínculos con bandas que operan en el exterior.

La institución, además, ha preparado un modelo para intervenir los penales, que no necesariamente tiene que ver con acciones de enfrentamiento, ello para evitar situaciones de mayor riesgo. Es por eso, explicaron, que se ha decidido por el traslado de los reos más.

“Los niveles de eficiencia de las políticas de seguridad pública también van a depender de cuán eficiente es la Inteligencia”, dijo el coronel Sepúlveda.

Para el secretario nacional de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, Joe González, los funcionarios ven a diario cómo el uso de celulares sigue funcionando en las cárceles, y siendo fundamental para la coordinación entre organizaciones criminales.

“Ya hace unos años se ha ido percibiendo que bandas organizadas ligadas al tráfico de drogas mantienen ciertos espacios, y a pesar de la pérdida de libertad siguen operando o manejando sus ilícitos desde el interior de las cárceles, a pesar de los proyectos que se han anunciado para la inhibición de señales. La pandemia del coronavirus nos puso en una situación límite y sabemos que una gran mayoría los necesita para seguir delinquiendo y liderar motines y agresiones al personal”, sostuvo González.

Para el diputado RN Gonzalo Fuenzalida, debe haber un control aún mayor sobre estos grupos. “Las bandas se están aprovechando de la pandemia para victimizarse y organizar motines y fugas. Lo que pasa en las cárceles es lamentable, pero esto no les da facultad para organizar ilícitos que afecten al sistema penitenciario completo, y además poner en riesgo la seguridad pública”, dijo.

Por su parte, el diputado PS Leonardo Soto afirmó que “esto es un círculo vicioso. Las cárceles en Chile tienen un régimen interno más propio del siglo XIX, donde comparten en su interior, sin ninguna separación, jefes de bandas asesinas con jóvenes condenados por delitos de baja peligrosidad. Esto, además, los empuja a la reincidencia cuando recuperan su libertad, incorporándolos a bandas criminales organizadas más feroces, más especializadas y con mayor capacidad de cometer delitos”.