El 26 de septiembre, un capitán de Gendarmería informó a los internos de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) que se prepararan para ser reubicados. Formalmente, este lugar se llama Unidad Especial de Alta Seguridad (UEAS), que está separado en tres áreas: la Sección Máxima Seguridad, la Sección de Alta Seguridad y el Anexo Capitán Yaber.
UEAS es una dependencia con altos estándares de seguridad y un régimen interno más estricto que el resto de las cárceles tradicionales, creada a inicios de la década de 1990 para albergar a descolgados de grupos subversivos. Hoy alberga a 149 reos, la mayoría ligado a delitos de alta connotación pública.
Con la información de que serían transferidos a otra cárcel de manera temporal, la abogada del presunto homicida de Fernanda Maciel, Felipe Rojas (quien está recluido ahí), presentó al día siguiente, el 27 de septiembre, ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago un escrito para que Gendarmería explique las razones del traslado.
En el documento, pide una audiencia de cautela de garantías para verificar sus condiciones carcelarias, "en atención al inminente traslado a otro recinto penal que se desconoce, no solo de mi representado, sino de todos los internos que allí residen. (..) Es importante verificar esta situación, que reviste extrema gravedad en atención a que desde Gendarmería no han informado de forma alguna el traslado, que se concretaría según informaciones antes del 15 de octubre", dice el escrito de la abogada Jaqueline Stubing.
Pero Rojas no es el único interno preocupado del inminente traslado masivo. Ayer, en el sitio web Contra Info, en que se publican comunicados relacionados a grupos anarquistas, se subió un texto titulado "Comunicado de los prisioneros subversivos recluidos en la Cárcel de Alta Seguridad". Está firmado por Juan Flores Riquelme (condenado por el bombazo en el Subcentro de Escuela Militar), Joaquín García (condenado por un bombazo en la Escuela de Gendarmería), Juan Aliste Vega (exlautarista condenado por la muerte del cabo Luis Moyano) y Marcelo Villarroel (condenado por el asalto al banco Security donde murió el cabo Moyano).
"Según información emanada por los carceleros las últimas semanas y ante una serie de hechos que así lo indican y que no podemos obviar, la Unidad Especial de Alta Seguridad (...) será cerrada por más de cuatro meses a partir del 10 de octubre para la remodelación de sus instalaciones, claramente con la finalidad de refundar el régimen de castigo con el que originalmente nació está unidad hace ya 25 años", dice el texto.
Los avisos no se quedaron ahí. La Tercera accedió a una misiva escrita a mano, que dice que "los internos de la Cárcel de Máxima Seguridad nos vemos obligados de pedir auxilio. Dada las circunstancias de la inminente salida y traslados a otras cárceles de Chile, con regímenes distintos y no aptos para casos de connotación pública (...) Nuestras vidas corren peligro".
Además de Rojas, Flores, García, Aliste y Villarroel, otro interno de este recinto es el exjefe operativo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Mauricio Hernández Norambuena. El llamado comandante Ramiro fue extraditado desde Brasil en agosto y volvió a la misma cárcel de la que se fugó en helicóptero, junto a otros tres exsubersivos, en 1996, cuando cumplía dos cadenas perpetuas por el homicidio del senador UDI Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.
César Pizarro, hermano de uno de los 81 reos fallecidos en el incendio de la Cárcel de San Miguel en 2010 y presidente de la ONG 81 Razones, dijo que "nos enteramos por información de familiares y por los mismos internos, que nos indicaron que el jueves pasado, en el horario de la cuenta, el capitán Vidal les había notificado que trataran de mandar sus cosas para la calle, electrodomésticos, televisores y cosas personales que no puedan ser trasladadas a otros penales, porque se van de acá". Agregó que los reos ya comenzaron a entregar sus pertenencias a sus familiares.
Licitación para reparos
¿Cuál es la razón del inminente traslado? El 24 de septiembre pasado, dos días antes del aviso a los internos, Gendarmería abrió un concurso público para la licitación de obras en la Unidad Espacial de Alta Seguridad. Según fuentes de la institución, se trata de arreglos y modificaciones de celdas y espacios no habilitados, los que obligarían al traslado de los reos.
De acuerdo a las mismas fuentes, se prepara un operativo especial para el traslado y posterior permanencia de estos en otros recintos penales. Según información preliminar, las opciones que se barajan son Colina I y la ex Penitenciaría, entre otros.
En cuanto a las obras que se realizarán en el recinto, de acuerdo a información de Mercado Público, su costo será superior a las 5.000 UTM ($ 245 millones). En tanto, en las bases de licitación se establece que el plazo máximo para las obras debe ser de 75 días. El cierre del concurso será el próximo 10 de octubre.
