Se radicalizan las posturas en torno al paro de gendarmes que hoy cumplió su tercer día, mientras las negociaciones entre los funcionarios y el gobierno siguen en punto muerto. Hoy, tras una asamblea en la Penitenciaría de Santiago, los funcionarios, a través del vocero del Frente de Trabajadores Penitenciarios, Marcos Agurto, señalaron que, debido a "la indolencia del Ejecutivo y las constantes amenazas, decretamos que a partir de hoy iniciamos una huelga de hambre total en la Penitenciaría", acción que Agurto aseguró se extenderá al resto de los penales del país, si no obtienen una respuesta positiva a sus demandas.
Desde el Ejecutivo, en tanto, el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, advirtió que se aplicarán descuentos a los funcionarios movilizados y que se ha resuelto la apertura de sumarios.
Según Ossa, se adoptarán "todas las medidas que tengamos que tomar para efectos de cumplir, no solo con la ley, sino que con lo que la Contraloría ha dispuesto en materia de huelgas ilegales".
Además, considerando las labores que se han visto interrumpidas con el paro, el subsecretario manifestó que "un gobierno naturalmente no puede aceptar que se atente contra el estado de derecho y particularmente como es la política penitenciaria. No puede el gobierno permitir que el Poder Judicial se vea entorpecido por medidas de fuerza de ningún gremio"
Suman los recursos
La situación de los reclusos en la Región Metropolitana también se agudiza, por lo que la Defensoría Penal Pública interpuso hoy "diversas acciones judiciales en favor de 56 imputados que cumplen prisión preventiva y 16 condenados que se mantienen encerrados en calabozos subterráneos del Centro de Justicia de Santiago", según se indica en el comunicado enviado por la institución.
Desde la entidad, además, aseguraron que "la situación de los internos se ha tornado insostenible, por cuanto no se cumple con medidas mínimas de encierro, como, por ejemplo, las horas de luz natural, de visitas de familiares, de alimentación y de salud".
El jefe de estudios de la Defensoría Metropolitana Sur, Mario Palma, sostuvo que "las defensorías regionales hemos presentado un recurso de amparo solicitando que un juez de la república se constituya en dependencias del Centro de Justicia de Santiago, de manera de verificar las condiciones de privación de libertad de, al menos, 72 personas que se encuentran en dicho recinto". Esto, porque "estas 72 personas permanecen, hasta el día de hoy, en un lugar que no cumple todas las condiciones de un recinto carcelario, lo que significa que están viendo afectados derechos esenciales, básicos y fundamentales", finalizó Palma.
