A fines de abril, general Alejandro Villagra retornó a sus funciones como jefe de la Brigada Acorazada "Coraceros", de Arica, tras ser procesado por el presunto fraude al Fisco de $ 9 millones, en la devolución de pasajes y fletes.
Se trata del primer alto oficial del Ejército activo en ser encausado en la investigación que lleva adelante la jueza Romy Rutherford, luego de que 23 oficiales de la institución debieran pasar a retiro.
Villagra, fue procesado, detenido y luego liberado y reintegrado a sus funciones en el norte.
La Tercera consultó al Ejército sobre la decisión de mantener al alto oficial como jefe de la I Brigada Acorazada.
Desde la institución se señaló que "el general de brigada Alejandro Villagra Ramírez se encuentra haciendo uso de sus recursos procesales pendientes ante la Corte Marcial y Tribunal Constitucional; por lo tanto, su situación procesal no se encuentra a firme, en atención a lo cual, se encuentra en funciones. Por otra parte, le asiste el derecho de presunción de inocencia que le favorece como cualquier ciudadano".
Villagra además pidió suspender la investigación en su contra al TC, tras presentar un recurso de inaplicabilidad.
Fuente-Alba insiste
Dos meses y medio lleva el excomandante en jefe del Ejército, general (R) Juan Miguel Fuente-Alba, detenido tras ser procesado por la presunta malversación de $ 3.500 millones. El oficial, sin embargo, insiste en pedir su libertad y además en parar la investigación que la ministra Rutherford lleva en su contra.
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Fuente-Alba fue comandante en jefe hasta 2014.[/caption]
La primera vez que Fuente-Alba fue al Tribunal Constitucional para pedir suspender el caso, el pasado 27 de marzo, señaló que se habían vulnerado sus derechos humanos y se pasó a llevar la Constitución al momento de encausarlo. El 26 de abril, el tribunal acogió a trámite el requerimiento, pero no aceptó suspender la investigación.
Pero Fuente-Alba insistirá. El reciente 2 de mayo su abogado, Maximiliano Murath, presentó nuevamente un requerimiento para suspender la causa, argumentando que "se corre el riesgo cierto de que en el tiempo intermedio entre la declaración de admisibilidad de la causa y su fallo definitivo por sentencia, dichas normas requeridas vuelvan a ser aplicadas en el proceso, produciéndose nuevas infracciones a la Constitución, que es precisamente lo que se busca con la medida de suspensión solicitada".
