Durante la noche de este martes, el ex comandante en jefe del Ejército, general (r) Ricardo Martínez, llegó hasta el despacho de la ministra en visita Romy Rutherford, quien lleva a cabo las investigaciones en las causas del denominado caso Fraude en el Ejército y donde el ex alto mando es indagado por fraude al Fisco por el supuesto mal uso de dinero destinado para viajes institucionales.

Tras el traslado de Martínez a la oficina de la ministra -ubicado en la intersección de las calles Compañía con Morandé, en diagonal al Palacio de Tribunales- se concretó el procesamiento por la causa de viajes, por la que -junto con la causa de gastos reservados- se había dictado el jueves pasado su detención provisoria por cinco días en el Batallón de Policía Militar, en Peñalolén, cuando se acogió a su derecho a guardar silencio frente a la magistrada.

Con esta resolución los últimos cinco ex comandantes en Jefe del Ejército están inculpados por algún delito.

El ex comandante en Jefe del Ejército fue procesado por viajes de 2011, 2012 y 2016, por ocho hechos que constituyen fraude al Fisco, por un monto total de $ 44.871.911. A diferencia de sus cuatro antecesores, no fue procesado por el mal uso de gastos reservados. Rutherford dictó su arresto y prohibición para salir del país, por lo que deberá retornar al Batallón de Policía Militar. Además, la magistrada ordenó el embargo de bienes por un monto total de $ 50 millones.

La defensa anticipó que buscará ante la Corte Marcial la libertad bajo fianza “por falta de méritos”. En el escrito, al que tuvo acceso La Tercera, el abogado representante de Martínez, Juan Carlos Manríquez, aduce que “no existen diligencias pendientes, determinadas y específicas que pudieran frustrarse con la libertad de mi defendido”. Además, agrega que tampoco hay “indicios que pudiere sustraerse de la acción de la Justicia y que “carece de antecedentes penales previos y goza de irreprochable conducta anterior”.

El procesamiento se da luego de varias dilaciones realizadas por la defensa de Martínez, que buscó que este declarara en su domicilio y en compañía de su abogado, situación que fue solicitada a la Corte Marcial en marzo pasado y que -en primera instancia- solo le concedió -con votación dividida- poder dar su testimonio en su vivienda. Sin embargo, tras acogerse parcialmente su requerimiento en dicha oportunidad, el general sufrió un duro revés. Esto luego de que la Corte Suprema revocara de forma unánime la decisión previa y desestimara el recurso presentado por la defensa del general, representado por el abogado Juan Carlos Manríquez, quien argumentaba que estaba “amenazada la libertad y seguridad” de su defendido. A finales de marzo, la decisión la tomó la Segunda Sala de la Suprema, conformada por los ministros Haroldo Brito, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier y el abogado integrante Ricardo Abuauad.

El general Martínez renunció a la Comandancia en Jefe de manera anticipada a seis días de entregar el cargo. Un 2 de marzo se oficializaba su dimisión, luego de que la ministra Rutherford citara al militar a declarar bajo la arista de los “pasajes aéreos” y “gastos reservados” donde se indaga el desvío de dineros asignados para pasajes y viáticos. En las diligencias de la Policía de Investigaciones (PDI), se busca determinar el paradero de fondos otorgados a oficiales para viajes internacionales.

Dentro del mismo caso también se vieron investigados los ex comandantes en jefe Óscar Izurieta (2006-2010), Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014) y Humberto Oviedo (2014-2018), quienes son investigados por malversar fondos por más de $14.300 millones por mal uso de gastos reservados.