Durante la mañana de este jueves, 72 ciudadanos extranjeros fueron expulsados del país.

El operativo realizado en el Aeropuerto de Santiago, fue supervisado por el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli; el director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, y el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la Policía de Investigaciones, prefecto inspector José Ortiz.

Según explicó Bellolio, la mayoría son argentinos y colombianos. De acuerdo a sus palabras, 45 de ellos son expulsados judiciales, es decir, han sido condenados por tribunales por delitos como secuestro, tráfico de armas, tráfico de armas y robo con violencia. Mientras que los otros 27, “la gran mayoría tenía antecedentes penales en su país de origen”, afirmó el director del Servicio Nacional de Migraciones.

En lo que va de 2021, el Ejecutivo ha devuelto a sus países a 393 extranjeros por ingresar ilegalmente a Chile. Una medida defendida bajo argumentos como desincentivar el ingreso clandestino, evitar que pongan en riesgo sus vidas al ingresar de forma ilegal, así como el haber cometido delitos ya sea en el país de origen o en territorio nacional.

Sin embargo, desde mediados de junio el Poder Judicial ha cuestionando varios de estos procesos y decidió, que las cortes sesionen de forma extraordinaria los domingos y en horarios inhábiles para revisar los amparos que buscan frenar estas deportaciones.

Al respecto, la ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, dijo en conversación con Radio Universo, que “obviamente se debe adoptar una decisión pronta, oportuna y eficaz. (...) En razón de lo anterior, el presidente de la Corte Suprema el 10 de junio impartió una instrucción a todas las cortes de apelaciones del país en caso de causas urgentes o graves. Es menester trabajar o funcionar los días sábados y domingo para tomar decisiones para, eventualmente, suspender las expulsiones que estaban siendo dispuestas por la autoridad política”, dijo respecto a los recursos de amparo presentados.

Sobre aquellos casos en los que la Corte Suprema resolvió un fallo contrario a la expulsión, la ministra Chévesich, expresó que “la Corte Suprema, cuando ha acogido los amparos tratándose de personas que han cometido delitos, siempre ha considerado que la condena esté cumplida, y ha considerado si es que se ha decretado la prescripción o sobreseimiento de la causa. También se considera si tiene familia y/o un trabajo estable. Son factores que se analizan para acoger los amparos. Es una postura que ha tenido de forma uniforme la Corte Suprema. Se favorece cuando hay arraigo para reunificar la familia y también por razones humanitarias”, explicó Chevesich.

“La Corte la única señal que da, es que hay que respetar los derechos fundamentales de todas las personas, sea nacional o extranjero. Lo que se establece en toda normativa internacional, y que es sabido que las expulsiones colectivas son medidas prohibidas por el derecho internacional de derechos humanos en general”, continuó la ministra.

”También se debe entender que la autoridad cuando decreta estas medidas, es un proceso administrativo, al afectado no se le da la oportunidad de ser oído, no conoce claramente cuáles son las razones para su expulsión. Entonces, necesariamente debe resolverse por la vía del amparo, escuchar al amparado, que conozca cuáles son las razones para oponerse a la medida, por qué se está viendo afectado. También se pide a la autoridad política que se informe la razón de su expulsión. De allí se resuelve y, eventualmente, de la Suprema se deduce el recurso de apelación”, añadió Chevesich sobre el proceso.

“Es necesario que se adopten medidas razonables y criteriosas, no caprichosas. Si la condena la cumplió en su país, y en el medio chileno tiene familia y trabajo estable, expulsarlo parece arbitrario”, concluyó en esta materia.

Este jueves, en el Senado se realizará una sesión especial que contará con la presencia del ministro de Interior, Rodrigo Delgado, con la finalidad de “analizar la política del Gobierno en materia de expulsiones masivas de migrantes desde el punto de vista del respeto a los derechos fundamentales de estas personas y sus familias”.